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El viejo comunista regresa a la cárcel

El exdirigente político valenciano entra en prisión para cumplir una pena de seis años y medio por el desvío de fondos destinados a cooperación

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Rafael Blasco (Alzira, 1945) comienza este lunes a cumplir la pena de seia años y medio de cárcel que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana después de que quedara acreditada su responsabilidad en el desvío de fondos de la Conselleria de Cooperación, que dirigía, a la compra de garajes y varios inmuebles en Valencia. No será la primera vez que pise la cárcel: sus inicios «políticos» incluyen una turbia militancia en el Frente Revolucionario Antifranquista y Patriota (FRAP), el grupo terrorista creado en 1973 por el PCE para contribuir al fin de la dictadura franquista a golpe de atentado, que le valió la entrada en la cárcel al ser tenido por uno de los principales dirigentes de la organización. Corría el año 1976.

Los testimonios de la época describen al Blasco de entonces como «un activista ambiguo, puramente teórico, que ya anteponía sus intereses a los principios ideológicos», algo que, de acuerdo con el penoso colofón de su trayectoria pública, el tiempo parece haber confirmado.

En este sentido, es revelador el episodio de una redada policial en la que algunos miembros del FRAP acabaron arrestados en la estación del Norte de la ciudad del Turia. Cuarenta años después, uno de los detenidos aquel día sigue sospechando que fue «Víctor» –el alias por el que Blasco era conocido en el grupo armado– quien alertó a los agentes sobre una reunión ilegal que había organizado y a la que, sin embargo, nunca asistió. La habilidad del exconsejero para moverse entre bambalinas, una nota distintiva en todos y cada uno de sus posteriores destinos políticos, comenzaba ya a manifestarse.

Poco se conoce de su trabajo como interventor municipal en varios ayuntamientos madrileños, que desarrolló con posterioridad a la disolución del FRAP (1977) tras tratar de borrar el rastro de los años radicales de la biografía oficial de este camaleón de la política que decidió afiliarse al PP en 2004 después de haber salido trasquilado del PSOE: acabó en el banquillo por su supuesta implicación en una red de sobornos a funcionarios del departamento de Obras Públicas –del que él mismo era máximo responsable– durante el Gobierno valenciano presidido por Joan Lerma para la obtención de recalificaciones millonarias. Esa vez eludió la condena por un defecto formal de las pruebas presentadas en su contra.

La llamada de Zaplana

A partir de entonces, su contacto con los socialistas quedó reducido al vínculo familiar que le une con el ex secretario de Organización del PSOE Ciprià Císcar, hermano de la esposa de Blasco, Consuelo Císcar, también ahora en el disparadero por la compra sospechosa de obras de arte para el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) durante los diez años que lo dirigió, hasta 2014.

Su dilatada trayectoria en las filas del PSOE convirtió a Blasco en un personaje de interés para un PP valenciano que, de la mano de Eduardo Zaplana, se encaramó al poder en 1995; también en alguien extraordinariamente temido por sus excompañeros de partido, cuyos entresijos conocía al detalle.

Un breve tiempo como asesor en responsabilidades de escasa proyección desembocó en su nombramiento como consejero de Empleo en 1999. Fue la segunda cartera que manejaba en la Generalitat Valenciana y la primera de las siete consejerías que ocuparía en sucesivos gobiernos autonómicos del PP hasta que la tentación del dinero fue más fuerte que su pretendida vocación de servicio.

Lector empedernido, grafómano impenitente, infalible en los pronósticos electorales y estratega de cabecera en el PP de Francisco Camps, lo natural es que salga de prisión con unas memorias carcelarias bajo el brazo que los editores se rifarán.