De los «Pactos de la Moncloa» al acuerdo contra el yihadismo

Los llamados «Pactos de la Moncloa» fueron aprobados por el Congreso de los Diputados al comienzo de la Transición, en octubre de 1977. Todas las fuerzas políticas apostaron por reconducir la inquietante situación económica y finalmente se firmó un acuerdo económico, el conocido Plan de Saneamiento y Reforma Económica y un acuerdo político, sobre el Programa de Actuación Jurídica y Política.

El siguiente fue el «Pacto de Madrid» o pacto de Estado para hacer frente a la violencia, firmado el 5 de noviembre de 1987, en el Congreso de los Diputados, por todos los partidos políticos, a excepción de Eusko Alkartasuna y Herri Batasuna.

Tanto el Gobierno como las formaciones firmantes se comprometían a no actuar de forma unilateral, sino contando con todos, tanto para suministrar información en la lucha antiterrorista como para legislar por consenso las modificaciones que pudieran introducirse en la Ley Antiterrorista.

En los noventa, el 28 de febrero de 1992 el Gobierno de Felipe González y el PP, de José María Aznar, firmaron el pacto autonómico que supuso un impulso a la cooperación del Estado con las comunidades autónomas, entre otroas cuestiones establecía el marco para la transferencia de 32 nuevas competencias a las comunidades de la llamada «vía lenta».

El conocido «Pacto de Toledo» significó un firme compromiso de todos los grupos parlamentarios con el sistema público de pensiones de la Seguridad Social. El 30 de marzo de 1995, la Comisión de Presupuestos alcanzó el acuerdo que fue ratificado el 6 de abril por el Pleno del Congreso con 268 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.

En julio de 1998, el Gobierno (PP) y todos los partidos políticos parlamentarios suscribieron el Código de Conducta Política para erradicar el transfuguismo en las corporaciones locales y evitar así los posibles cambios de mayorías de gobierno en estas instituciones debido a una nueva filiación política de los concejales.

Dado los buenos resultados del Pacto Antitransfuguismo, los firmantes acordaron reeditarlo en septiembre de 2000 y el 23 de mayo de 2006.

El 12 de diciembre de 2000 los dos principales partidos, PP y PSOE, firmaron el «Pacto por las libertades y contra el terrorismo» con el que se comprometieron a buscar una solución a la amenaza terrorista de ETA a través de una oposición democrática que aunara medidas políticas, judiciales y la cooperación internacional.

El asesinato, el 21 de noviembre de 2000, del ex-ministro socialista de Sanidad, Ernest Lluch, y el clamor en la sociedad por acabar con las disputas partidistas en el ámbito de la lucha antiterrorista, llevaron a los dos principales partidos a buscar un acuerdo.

El Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, se firmó el 31 de mayo de 2001, entre los secretarios generales del PP, Javier Arenas, y del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, en presencia del Presidente del Ejecutivo, José María Aznar.

Era un acuerdo para despolitizar la Administración de Justicia, que fue suscrito para dos legislaturas aunque con voluntad de permanencia y la idea de adherir al mayor número de partidos políticos. Sin embargo, dos años después, en septiembre de 2003, el PSOE rompió el Pacto, después de que el Gobierno (PP) rechazara la petición socialista de convocar la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Justicia, así como de abordar la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, y una mayor inversión económica, para mantener su vínculo con el pacto.

Entre los últimos está el Pacto de Estado contra la Pobreza, promovido por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo y que los aprtidos con representación parlamentria suscribieron el 19 de diciembre de 2007.

El 5 de mayo de 2010, el presidente Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, llegan a un acuerdo para acelerar la fusión de las cajas de ahorro y reformar su legislación.

En julio se aprobó el Real Decreto Ley 11/2010 de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de Ahorros.

Otro es el Pacto para reformar la Constitución . El 26 de agosto de 2011 después de intensas negociaciones, socialistas (en el Gobierno) y populares (oposición) lograron cerrar el acuerdo para reformar la Carta Magna, presentaron un documento marco que fija en un 0,4 por ciento el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas, recogido posteriormente en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Este 2015, tras los graves atentados registrados en enero de 2015 en Francia, tanto el PP, de Mariano Rajoy, como el PSOE, de Pedro Sánchez, han acordado varias medidas contra el terrorismo yihadista .