Razones para un acuerdo de Estado

Durante la conocida como operación Frambuesa, de septiembre de 2011, agentes de la Guardia Civil detuvieron al cubano converso José Ernesto Feliú Mora. El 27 de abril de 2010 este individuo viajó hasta Burlgaria, siendo rechazado en la frontera con Turquía. Segun comprobaron los investigadores, estaba en contacto con un facilitador de Al Qaeda en Pakistán y, además, a lo largo de sus actividades criminales editó más de 1.200 vídeos de enaltecimiento y formación terrorista. Incluso, había mostrado su intención de viajar a Afganistán para luchar. Pues bien, en la actualidad este individuo se encuentra en libertad, pendiente de que acabe la instrucción del caso y, por tanto, a falta de que se haya señalado una fecha para el juicio.

Durante la operación Led, realizada por agnetes de la Comisaría General de Información de la Policía en junio de 2014, fue detenido Kamal Joao Carlos Luizito, usuario de un foro yihadista desde el que se solicitaba ayuda para atentar en España. Este sujeto, que formaba parte de una autodenominada Brigada Al Andalus, hizo trabajos de reconocimiento de potenciales objetivos, entre ellos diferentes edificios oficiales de Huelva. A lo largo de la investigación quedó acreditada su intención de obtener un arma y captar a otras personas para, previsiblemente, materializar alguna acción. Como el anterior, este sujeto está en libertad y a la espera de juicio, a pesar de que el grupo al que pertenecía «había incrementado de manera significativa la peligrosidad, convirtiéndose en una grave amenaza para la seguridad nacional», según señalaban por entonces fuentes del Ministerio del Interior.

Mohamed Hamido Mohamed, de nacionalidad española, fue detenido el 24 de junio del pasado año en Ceuta durante la operación Veneno de la Guardia Civil. Se trataba de un individuo muy activo en las redes sociales, desde donde enaltecía y justificaba la yihad, mostrando además indicios, según los investigadores, de que estaba dispuesto a pasar a la acción en cualquier momento. Como prueba de ello está el hecho de que en el registro de su vivienda se encontró arma y munición, además de medio kilo de hachís, dos ordenadores, y numerosos dispositivos informáticos y documentos. La Guardia Civil seguía sus pasos desde 2012. También está libre y no hay fecha de juicio.