Las razones que escondía Carlos III para expulsar a los jesuitas de España

El día 15 de agosto de 1534, Ignacio de Loyola , un antiguo militar y consejero de Carlos I destinado a convertirse en santo, juró junto a sus siete seguidores más fieles en Montmartre (París) «servir a nuestro Señor, dejando todas las cosas del mundo». Después de los votos de Montmartre, se incorporaron al núcleo tres jóvenes franceses y se dirigieron en peregrinación a Jerusalén, que no pudieron alcanzar debido a la guerra entre Venecia y el Imperio Otomano. Por esta razón, el grupo se dirigió a Roma, donde fundaron tras largas reflexiones la Compañía de Jesús, que fue aprobada el 27 de septiembre de 1540 por Paulo III, quien firmó la bula de confirmación «Regimini militantis ecclesiae».

La Compañía de Jesús fue un instrumento fundamental de la Iglesia católica durante la Contrarreforma y varios de sus miembros se destacaron en el Concilio de Trento, que sirvió para aclarar diversos puntos doctrinales y combatir desde la teología el cisma surgido con el movimiento protestante. Desde su origen, los jesuitas profesaron los tres votos normativos de la vida religiosa (obediencia, pobreza y castidad) y, además, un cuarto voto de obediencia absoluta al Papa, «circa misiones», que es el motivo, precisamente, de que los estados comenzaran a desconfiar de la orden a partir de la Ilustración.

La actitud inflexible de los defensores de los derechos de la Santa Sede contra los regalistas (los defensores de los derechos privilegiados de la corona en las relaciones con la iglesia) fue la causa de fondo de todas las disputas que acontecieron a los jesuitas. En 1759, el Reino de Portugal encerró en el calabozo a 180 religiosos en Lisboa y expulsó al resto acusando a la orden de instigar un atentado contra la vida del Rey. Tres años después, en 1762, Francia usó el mismo argumento y declaró su ilegalidad a raiz de un caso de malversación de fondos, en el contexto de la polémica entre jesuitas y jansenistas (otro movimiento religioso promovido por el obispo Cornelio Jansenio durante la Contrarreforma).

En efecto, la doctrina del regicidio que se atribuía a toda la orden, aunque solo la había defendido el Padre Mariana en su tratado «De Rege», fue enarbolada siempre para justificar sus expulsiones y otorgó la hostilidad hacía la Compañía de los grandes filósofos ilustrados como Voltaire o Montesquieu y de muchos soberanos católicos. Uno de ellos fue Carlos III de España , quien compartía desde la infancia el recelo de su madre, la Reina Isabel de Farnesio, sobre las intenciones de esta orden religiosa.

Pese a que los jesuitas habían ejercido un papel destacado durante los reinados de la dinastía Habsburgo, cabe recordar que Carlos I era amigo personal de Ignacio de Loyola , su auténtica ascensión «política» se produjo con la llegada de los Borbones a la Monarquía de España. Así, tanto Felipe V como Fernando VI tuvieron confesores jesuitas, el Padre Daubenton y el Padre Rávago, respectivamente. Sin embargo, la caída de la Compañía de Jesús comenzó a gestarse poco después, en 1754, cuando la caída del marqués de la Ensenada –todopoderoso ministro de Fernando VI y amigo de los jesuitas– dio como resultado la llegada al poder de un gobierno significativamente anti-jesuítico. Uno de los hechos más ruidosos en los primeros meses del nuevo ministerio fue la exoneración de Francisco de Rávago como confesor real.

Bajo la acusación de estar detrás de los motines populares del año anterior –conocidos con el nombre de Motín de Esquilache–, Carlos III firmó la Pragmática Sanción en 1767 que dictaba la expulsión de los jesuitas de todos los dominios de la Corona de España, incluyendo los de Ultramar y decretaba la incautación del patrimonio que la orden tenía en el imperio. Sin embargo, las verdaderas causas que motivaron la medida hay que buscarlas más allá de las revueltas sociales, donde la implicación jesuita nunca ha podido demostrarse.

Durante el Motín de Esquilache , la multitud asaltó la casa de Esquilache, el secretario de Hacienda, y se congregó en el Palacio Real. Allí, la Guardia Real tuvo que intervenir para restablecer el orden con un resultado de cuarenta muertos. El desencadenante de la protesta había sido un decreto impulsado por el marqués de Esquilache que pretendía reducir la criminalidad y que formaba parte de un conjunto de actuaciones de renovación urbana de la capital –limpieza de calles, alumbrado público nocturno, alcantarillado–. En concreto, la norma objeto de la protesta exigía el abandono de las capas largas y los sombreros de grandes alas , ya que estas prendas ocultaban rostros, armas y productos de contrabando. No en vano, el trasfondo del motín era una crisis de subsistencias a consecuencia de un alza exagerado del precio del pan. Nada, en cualquier caso, que pudiera llevar a la Compañía de Jesús a implicarse en un complot.

El fiscal del Consejo de Castilla Pedro Rodríguez de Campomanes –un declarado antijesuita– fue el encargado de investigar las causas del motín. El fiscal encontró evidencias de la participación de algunos jesuitas en la revuelta y las empleó para montar –«con frases sueltas, hablillas y chismes»– una causa general contra la Compañía de Jesús. Por supuesto, Carlos III no desaprovechó la ocasión, y atacó con contundencia a un grupo religioso que representaba la máxima oposición al regalismo. Esta doctrina política, que defiende el derecho del estado nacional a intervenir, recibir y organizar las rentas de sus iglesias nacionales, chocaba frontalmente con la absoluta lealtad de los jesuitas hacia el Papa, lo que llevó a sus detractores a calificar a la orden como « un estado extranjero dentro de otros estados ».

Así, lejos de la tesis romántica de que la medida fue tomada para permitir el triunfo de las luces sobre el fanatismo representado por los jesuitas o la teoría del historiador Menéndez y Pelayo de que fue el fruto de una «conspiración de jansenistas, filósofos, parlamentos, universidades y profesores laicos contra la Compañía de Jesús», la Corona española ejecutó la orden con la intención de reafirmar su control estatal sobre la iglesia española. La decisión, además, venía acompañada de la correspondiente desamortización de sus bienes que el estado administró como creyó oportuno, en muchos casos cediéndoselo a otras órdenes religiosas.

Con gran sigilo, en la madrugada del 2 de abril de 1767, las tropas reales acudieron a las 146 casas de los jesuitas y les comunicaron la orden de expulsión contenida en la Pragmática Sanción. Fueron deportados de España 2641 jesuitas y de las Indias 2630 . Los primeros fueron acogidos inicialmente en la isla de Córcega, perteneciente entonces a la República de Génova. Y el Papa Clemente XIII se vio obligado a admitirlos en los Estados Pontificios cuando los franceses tomaron la isla de Córcega.

No obstante, la guerra de Carlos III contra la Compañía de Jesús continuó tras su salida de España. El papa Clemente XIII resistió las presiones de los monarcas europeos que pedían la supresión total, pero la elección de Clemente XIV, conocido por su poco aprecio por los jesuitas, sirvió en bandeja la posibilidad de acabar completamente con la orden. José Moñino, que posteriormente fue nombrado Conde de Floridablanca y se convirtió en el ministro de confianza del Rey, fue destinado en la tarea de convencer al pontífice, lo cual consiguió en agosto de 1773. Clemente XIV promulgó el breve «Dominus ac Redemptor» donde suprimía la Compañia de Jesús y decretaba la conversión de los jesuitas en miembros del clero secular. No en vano, algunos se negaron a acatar la decisión y se refugiaron en el reino de Prusia y en el Imperio Ruso, donde fueron protegidos por sus respectivos soberanos.

Casi medio siglo después, en el contexto de la Restauración de 1814, el papa Pío VII emitió la bula «Solicitudo omnium Ecclesiarum», que restauraba la Compañía de Jesús. En España, el nieto de Carlos III , Fernando VII, autorizó inmediatamente su vuelta.