Marjaliza seguirá en prisión por «detestables actitudes corruptas»

De este modo, el tribunal apoya al juez instructor, Eloy Velasco, que encarceló al socio del exsecretario general del PP de Madrid el pasado 27 de octubre para evitar «claro riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción u ocultación de pruebas».

La Sala recuerda que las intervenciones telefónicas, los registros y las pruebas documentales han comentado «serios indicios» criminales presuntamente cometidos por Marjaliza, quien «desarrollaba una prevalente actividad en un colectivo de personas dedicadas a mover voluntades en varios ayuntamientos de Madrid y en las esferas gubernamentales de la Comunidad de Madrid, dirigida a obtener cuantiosos beneficios ilegales en la contratación pública amañada».

Los tres magistrados que componen la Sección Cuarta -Ángela Murillo (presidenta), Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel- también citan la «espuria recalificación de terrenos, cuyo dinero ha exportado a paraísos fiscales buscando su opacidad, con el consiguiente perjuicio al erario público, fomentando detestables actitudes corruptas».

El auto, demoledor para los intenciones de Marjaliza de abandonar la prisión , cita las «graves responsabilidades penales» que se le imputan, un rosario de ocho presuntos delitos.

Se trata de asociación delictiva o integración en organización criminal, delito contra la Hacienda Pública, falsificación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y negociaciones prohibidas a funcionarios. La Sala recuerda que estos delitos están castigados «individualmente en su mayoría con penas superiores a los dos años de prisión».

El tribunal argumenta que en este caso no corresponde «la imposición de medidas cautelares menos drásticas que las actualmente vigentes, a pesar del arraigo personal y familiar del recurrente en Madrid». En este sentido, la Sala destaca que el conocimiento de los hechos y la intervención de Marjaliza en la trama delictiva resulta «indiciariamente constatada, dadas sus relaciones con los demás implicados», hasta el punto de aparecer como «uno de los principales instigadores y beneficiarios de la red de corrupción política y económica desarticulada». La Sección Cuarta también ha validado que la detención de Marjaliza por parte de la Guardia Civil fue legal.

Por otro lado, Marcos Martínez, expresidente de la Diputación de León, regresó ayer la Institución provincial como diputado no adscrito tras pasar 45 días en prisión. Martínez reiteró su «absoluta inocencia». «Jamás he estado metido en ninguna trama, esos señores que encabezan la trama, Granados y Marjaliza, no los he visto en mi vida, no he hablado con ellos ni un solo segundo», dijo el expresidente a los periodistas congregados ayer en la sede de la Diputación leonesa. También negó que exista ningún contrato firmado por él que vincule al organismo provincial con el empresario valenciano Alejando de Pedro, uno de los principales imputados.