El Supremo recuerda a Mas que los gobernantes deben garantizar los derechos y libertades

Así se expresa en el auto en el que rechaza por falta de competencia el recurso interpuesto por el Ejecutivo de Artur Mas contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 31 de octubre, que acordaba impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) las actuaciones de la Generalitat organizando el proceso participativo del 9 de noviembre.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, que condena a la Generalitat a pagar 600 euros en costas, acoge la posición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado al inadmitir el recurso del Gobierno catalán ante la falta de jurisdicción para conocer su objeto y la inexistencia de la actuación recurrible, pues se trataba de un acuerdo del Ejecutivo central anunciando su intención de impugnar la consulta soberanista .

En este sentido, los magistrados recuerdan que la decisión corresponde al TC y que la pretensión de la Generalitat «daría lugar al resultado absurdo de situar en órganos y jurisdicciones diferentes la misma decisión sobre la conformidad a Derecho de un acuerdo del Consejo de Ministros, que se limita a solicitar del Tribunal Constitucional la instauración de un proceso específico».

La sentencia, con ponencia del magistrado Pablo Lucas Murillo, expone que la Sala no ignora que la Constitución reconoce la libertad de expresión, la libertad ideológica y el derecho a participar en los asuntos públicos «a las personas, no a los gobernantes».