El juez Castro decidirá antes de Navidad si abre juicio contra la Infanta

La acción penal es por tanto independiente de la civil, de tal modo que el pago del dinero no exonera a la hermana del Rey Felipe VI de los dos delitos contra la Hacienda Pública por los que el sindicato Manos Limpias, acusación popular en la causa, solicita ocho años de cárcel para la imputada. Tampoco supondrá ninguna atenuante en caso de una hipotética futura condena, según fuentes judiciales consultadas.

Es el juez Castro quien en su auto de apertura de juicio oral deberá decidir, independientemente si envía o no a la Infanta al banquillo de los acusados y si le impone, en respuesta a la petición de las acusaciones, la cantidad que supuestamente ayudó a Iñaki Urdangarín a defraudar a través de su sociedad Aizoon y a la que, con el pago efectuado este lunes, ya habrá hecho frente cautelarmente.

El magistrado tiene varias posibilidades ante sí: podrá enviar al banquillo a la Duquesa y considerarla responsable civil de los fondos defraudados; optar por una de las dos vías, o archivar definitivamente su encausamiento en el caso Nóos.

La responsabilidad civil responde, en concreto, a la cantidad de la que Cristina de Borbón se habría lucrado a través de la empresa 'pantalla' de la que es copropietaria al 50 por ciento junto a su marido y que supuestamente sirvió a éste de instrumento para defraudar a la Agencia Tributaria —hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008— y desviar fondos de las Administraciones públicas.

La Audiencia Provincial de Baleares dejó en manos del juez Castro la decisión de aplicar sobre la Infanta la llamada doctrina Botín , que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular —en este caso Manos Limpias— y no la Fiscalía o el perjudicado del delito cometido. Ni Ministerio Público ni Agencia Tributaria apuntan a la existencia de indicios criminales sobre la hermana del Rey Felipe VI. El tribunal de la Sección Segunda hacía referencia a la sentencia que en 2007 dejó sentada su aplicación.

La dictó el Tribunal Supremo que, en su resolución, limitaba la acción de las acusaciones populares al aseverar que «no puede abrirse juicio oral sólo a instancias de la acusación popular, sino que es necesario que lo inste o el Ministerio Fiscal o el acusador particular».