Las víctimas, indignadas, denuncian que «jueces que hacen política burlan la ley»

Pero cuando ha llegado del corazón de Europa alguna sentencia injusta —liquidación de la doctrina Parot—, o alguna directriz perdida en ambigüedades — Decisión Marco sobre acumulación de penas — esos mismos jueces no han tardado un minuto en aplicarlas mediante resoluciones exprés y en los términos que más favorecen a los terroristas. Las víctimas, una vez más, están indignadas por la rapidez, en estos casos, de una justicia que casi siempre es lenta.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) arremetió contra la Audiencia Nacional, a la que acusó de excarcelar a «Santi Potros» y a Alberto Plazaola para «pasar página» y que se blanquee medio siglo de genocidio. En opinión de su presidenta, Ángeles Pedraza, la puesta en libertad de ambos «criminales» es «vergonzosa», ya que lo único que se pretende es «seguir con la derogación de la doctrina Parot». En este sentido acusó a los magistrados de «estar politizados» y de «hacer política».

Desanimada, impotente, llegó a decir que en España «no nos podemos fiar ni de los jueces ni de la Justicia», porque «sólo velan por sus intereses». «La decisión me parece la mayor indignidad en un país en el que ha habido más de 50 años de asesinatos sin que ninguna víctima se haya tomado la justicia por su mano para ahora tener que soportar esto», concluyó, más que indignada.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, censuró por «ser inmoral y de dudosa legalidad y legitimidad» la decisión de la Sección Primera de reducir las penas por acumulación de condenas de los terroristas. Y la criticó, especialmente, porque se adoptó pocas horas antes de la entrada en vigor de la ley aprobada en el Congreso el pasado 12 de noviembre, «con el único propósito de evitar su cumplimiento y burlar la voluntad del legislador, que no era otra que la de impedir dicha acumulación de condenas y como consecuencia, impedir la excarcelación de los terroristas».

Este colectivo de víctimas esgrimió como «una prueba irrefutable» la decisión contraria que tomaron los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional en las mismas fechas, por la que deniegan la acumulación de condenas al etarra Iñaki Bilbao. «Esta decisión respeta la voluntad del legislador y, además, interpreta debidamente la Decisión Marco». El colectivo que preside Consuelo Ordóñez confía en que el Tribunal Supremo anule la puesta en libetrtad.

Asimismo, mostró su respaldo a la citada ley Orgánica que transpone a la legislación española la Decisión Marco de 2008, e impide la acumulación de penas impuestas en otros países. Sin embargo, criticó «la dejadez de los legisladores, ya que si la norma se hubiera desarrollado a su debido tiempo, se habría evitado que hoy estemos viviendo una situación de escandalosa injusticia que ahonda en el dolor de las víctimas».

Por su parte, el presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), José Vargas, mostró su profunda «indignación y cabreo» por la excarcelación de los etarras «Santi Potros» y Plazaola . En su opinión, «los únicos que tienen ventaja y privilegios en España son los asesinos». En este sentido, añadió que que las víctimas están cada vez más «ninguneadas, humilladas y, sobre todo, olvidadas».

El presidente de la ACVOT advirtió de que «hoy muchas de las víctimas sufren una recaída psicológica por culpa tanto de los magistrados como de los asesinos que salen en libertad». Para Vargas, la decisión de la Sección Primera ha servido para, «entre magistrados y asesinos», dar «un remate final a las víctimas».

Roberto Manrique, víctima del atentado de Hipercor, lamentó que la excarcelación de «Santi Potros» se haga por una «cuestión política». En su opinión, es «doloroso saber que el inductor del atentado que me destrozó la vida» esté en libertad, pero se mostró a favor de que se cumplan las directrices que marca la Unión Europea. «Somos Europa para lo bueno y para lo malo», dijo. Aunque consideró que las cosas se han hecho apresuradamente: «Ahora se deciden a discutir si los años de los presos en Francia son compatibles. Cuando a Arrospide se le detuvo en el 87 estuvo 10 años en Francia».