Mas premia con altos cargos a juristas que «rescataron» a CDC

El pasado viernes trascendió la confirmación de Maite Masià como directora adjunta de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). Su perfil provocó la indignación de todos los grupos parlamentarios, excepto los de CiU y PSC, que defendieron su idoneidad. Masià aparece mencionada varias veces en el sumario de las ITV, caso por el que está inculpado el exsecretario general de CDC, Oriol Pujol .

En el momento de producirse esas conversaciones registradas por los investigadores, Masià, licenciada en Derecho, era directora del Instituto Catalán de la Energía de la Generalitat. Antes había ocupado el cargo de jefa de Universidades y Empresas Públicas de la OAC y, como tal, se le encomendó elaborar un informe para la Comisión de Investigación parlamentaria sobre el expolio del Palau de la Música. En este informe escribió que «el conjunto de evidencias obtenidas [...]no permite ni afirmar ni descartar, con la rotundidad jurídicamente exigible, que Convergencia Democrática de Cataluña haya obtenido directamente financiación al margen de la ley, aprovechándose de la estructura del Palau de la Música». Como se sabe, CDC tiene su sede embargada judicilamente al apreciarse que hay indicios de financiación irregular.

Otro de los nombramientos a dedo revestidos de polémica fue el de Núria Bassols. En diciembre de 2013, la entonces magistrada de la Sala Civil-Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) fue elegida directora del Programa de Políticas de Transparencia de la Generalitat. Pocas semanas antes, Bassols había archivado la causa contra el diputado autonómico de CiU y concejal en Badalona (Barcelona), Ferran Falcó, investigado por supuesta malversación de fondos públicos y cobro de comisionesa través de Adigsa (Falcó había presidido esta empresa pública dedicada a la construcción de viviendas sociales). Bassols fue la primera mujer en dirigir la Escuela Judicial, centro donde se forman los jueces de toda España, pero fue destituida en 2008 por «pérdida de confianza» del Consejo General del Poder Judicial. Bassols está casada con Josep Manel Bassols, ex alcalde de Anglès (Gerona) por Convergència.

Igualmente controvertido fue el «fichaje» de Núria Olivella como miembro del Gabinete Jurídico de la Generalitat en abril de 2012. Olivella es la esposa de Oriol Puig, director del Servicio Meteorológico de Cataluña y hermano del actual consejero de Empresa, Felip Puig. Olivella accedió a ese puesto en concurso público mediante un trámite de urgencia, pero en noviembre de ese mismo año, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Barcelona declaró nulo el nombramiento.

La sentencia fue durísima, pues en la misma se acusaba al Gobierno catalán de designar a una persona «sin capacidad para ocupar el puesto de trabajo ofertado», de «desviación de poder» y de vulnerar el «derecho a acceder en condiciones de igualdad, mérito, capacidad de funciones y cargo público». Olivella solo ejerció como abogada del Ejecutivo de Artur Mas durante cuatro meses.

Azarosa también la vida profesional de Margarida Gil Domènec, directora del Gabinete Jurídico de la Generalitat desde 2011. Previamente había sido secretaria general de Trabajo en el último gobierno de Jordi Pujol. Gil es esposa del vicepresidente cuarto del Congreso y diputado de CiU, Jordi Janè. La imagen de Gil Domènech, incluida en el sumario de las ITV, en la que aparece con un magistrado inculpado y Assumpta Palau, abogada-jefe del Servicio Jurídico Contencioso-Administrativo de la Generalitat, tuvo una gran trascendencia mediática. Gil tuvo que declarar como testigo y admitió que se había reunido con uno de los empresarios inculpados.

Según denunció en su momento el PSC, Gil Domènec fue nombrada para directora de ese Gabinete Jurídico cuatro días antes de que la Generalitat cambiara de parecer sobre el caso Palau y la supuesta implicación de dirigentes de Convergència como Àngel Colom o Daniel Osàcar, ex tesorero del partido. Su sueldo es uno de los más altos de la Generalitat (cobra más incluso que el presidente Mariano Rajoy): 102.907,20 euros brutos al año.