La Fiscalía catalana tendrá que obedecer ahora al fiscal general

La querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no solo ha hecho evidente la división de criterio entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior de Cataluña, sino también en el seno de los representantes del Ministerio Público en esta comunidad. Y ello porque la «rebelión» de los nueve fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que rechazaron querellarse contra Mas no representa ni mucho menos la posición unánime del conjunto de fiscales destinados en esta Comunidad.

Ayer mismo, la fiscal-jefa de Barcelona, Ana Magaldi, convocó una reunión de la junta de coordinación de los fiscales de la provincia para intentar aprobar un comunicado que sirviese para dejar claro que la posición de los integrantes de la Fiscalía Superior no es trasladable, al menos, a los 200 fiscales de la provincia de Barcelona. Existe un malestar de fondo por el hecho de que se haya generalizado la expresión «fiscales catalanes» para referirse únicamente a los del TSJC, algo que entienden atribuye a todos los representantes del Ministerio Público una postura única con respecto a la consulta del 9-N .

Pese a que el martes por la noche se anunció para ayer el envío de un comunicado, informa Efe, lo cierto es que la reunión acabó sin acuerdo. No se consideró conveniente enviarlo cuando en ese momento estaba reunida en Madrid la Junta de Fiscales de Sala para abordar la querella contra Mas.

Ciertamente, la negativa de los fiscales del TSJC a tramitar la querella contra Mas y su Gobierno no concuerda con el criterio de los fiscales barceloneses, y de otras provincias, que el mismo 9-N sí informaron a favor de la admisión a trámite de las denuncias presentadas por particulares, partidos y asociaciones contra el presidente catalán. A la vez, y casi de forma unánime, los jueces de guardia admitieron a trámite las denuncias, y se inhibieron a favor del TSJC, que ya acumula doce.

Las fricciones que ha causado en el seno del Ministerio Público la consulta del 9-N solo son comparables a las que genera entre los partidos e instituciones. En este contexto, y sumándose a las quejas del PSOE y el PSC, la reacción más airada procedió de la Generalitat. El consejero de Presidencia y portavoz, Francesc Homs, calificó de «error muy grande» la decisión de la Fiscalía y apuntó que si la organización del 9-N tiene consecuencias penales, sería «propio de otro tipo de contextos pero no de una democracia».

Desde medios políticos se apuntaba ayer que la presentación de la querella refuerza la idea de que probablemente Artur Mas, que considera que le favorece políticamente, anunciará en pocos días la convocatoria de elecciones anticipadas. Un acto convocado para el próximo martes, a los dos años de los comicios de 2012 –también adelantados–, podría ser aprovechado para el anuncio.