Suiza anula la autorización para que los documentos sobre Bárcenas se utilicen en un juicio

En un auto, el tribunal suizo atiende el recurso presentado por los defensores de Bárcenas y la empresa Tesedul, vinculada al extesorero, al considerar que la Oficina Federal de Justicia señaló que la documentación facilitada «únicamente podía ser utilizada por las autoridades españolas para perseguir actos susceptibles de ser calificados en el derecho suizo como fraude fiscal después de afirmar, sin aportar la menor explicación», que también podría extenderse a otros delitos.

Tras destacar que sortear la «obligación de motivación» constituye «una violación grave del derecho», el auto del Tribunal Federal de Justicia suizo señala que los recurrentes «no tuvieron la oportunidad de conocer el procedimiento ni de expresarse antes de la que decisión fuera adoptada». No obstante, la anulación no sería definitiva , ya que el tribunal reenvía la causa a este organismo para que adopte «una nueva decisión» a la vista de estas consideraciones.

Los magistrados Sthephan Blätter, Girgio Bomio y Nathalie Zufferey Franciolli entienden que, al no permitirse a los recurrentes «comprender el razonamiento adoptado» para autorizar la extensión de los delitos que se perseguían más allá del de fraude fiscal, la autoridad suiza «ignoró los requistos jurisprudenciales aplicables en materia de motivación». «En efecto, la obligación de motivación es una componente esencial de este derecho que, además de permitir al administrado y justiciable recurrir eficazmente, tiende a evitar que la autoridad se deje guiar por motivos no pertinentes y confiere a la decisión un carácter racional y transparente», señalan.

Ruz dictó un auto el pasado 2 de abril en el que ampliaba la cuadragésima primera comisión rogatoria cursada a Suiza y solicitaba a la División de Cooperación Internacional de la Oficina Federal de Justicia la autorización prevista en la legislación helvética para «la utilización de la documentación» remitida en esta causa en relación con los «hechos y delitos» que se investigan.

El juez realizó esta solicitud a partir de un informe del Ministerio Fiscal fechado el 25 de marzo pasado en el que se preguntaba a Suiza por «la eventual tributación de los fondos» de las cuentas que tenían en el país Bárcenas y su esposa , Rosalía Iglesias, y si podrían afectar a «la cuantificación de la cuota que por distintos impuestos podrían haber defraudado».

Según fuentes jurídicas, la información solicitada a Suiza se iba a utilizar para acusar tanto a Bárcenas y su esposa como a los presuntos cabecillas de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo; al exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo; y a otros imputados como los exalcaldes de Boadilla del Monte Arturo González Panero y Majadahonda Guillermo Ortega.