El Consejo de Estado vería ilegal convocar otro 9-N «horas antes»

La advertencia del Consejo de Estado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a los miembros de su Gobierno es clara: una vez que el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso del Ejecutivo contra el simulacro de consulta (lo que previsiblemente sucederá a partir del próximo martes), y esta quede automáticamente suspendida, cualquier incumplimiento «supondrá una infracción del artículo 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con las responsabilidades a que ello pudiera dar lugar». Este precepto señala que «todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento» de lo que este tribunal decida.

El informe con el que el Consejo de Estado avaló ayer por unanimidad la impugnación del 9-N por parte del Ejecutivo es demoledor. No solo en lo que se refiere a los argumentos jurídicos para llevar la nueva consulta al TC, sino porque también se adelanta y avisa de las posibles consecuencias que puede tener que el presidente de la Generalitat saque de su chistera nuevas argucias para burlar la ley incluso hasta el día anterior a la convocatoria, una advertencia que no había considerado necesario hacer en su informe del pasado 28 de septiembre.

El órgano consultivo ve una identidad absoluta entre el referéndum suspendido por el TC y el nuevo simulacro de consulta: esta última también vulnera el ordenamiento constitucional, por cuanto «pone en cuestión uno de sus mismos fundamentos, como es la unidad de la Nación española». Los vicios de inconstitucionalidad en los que incurre este proceso, agregan los consejeros, «se enfatizan en el presente caso por la propia actitud mantenida por las autoridades públicas convocantes y responsables de la consulta, que han exteriorizado, de forma consciente, reiterada y pública, su voluntad de eludir los mecanismos de control de constitucionalidad, desconociendo así las más elementales exigencias del principio de lealtad constitucional».

El principal responsable de esta burla es Artur Mas. El Consejo de Estado recuerda que, tras la suspensión del referéndum, fue él quien puso de manifiesto un propósito no disimulado, «sino explicitado de manera abierta y pública», de eludir no sólo esa suspensión, sino de evitar futuras impugnaciones del Gobierno ante el TC. De la misma forma, el ejecutivo autonómico era consciente de que su conducta era antijurídica, desde el momento en que evitaron plasmar por escrito sus decisiones, que no por ello dejan de ser actos administrativos susceptibles de ser impugnados.