El Tribunal Constitucional suspende el referéndum soberanista del 9-N en Cataluña

La primera consecuencia de la admisión por parte del Pleno es que cualquier acto preparatorio relacionado con la consulta fijada para noviembre supondría incurrir en un delito de desobediencia a una resolución judicial. No obstante, el Gobierno y el Parlamento catalán disponen ahora de quince días, en el caso del recurso contra la ley, y de veinte, en el caso del decreto, para formular alegaciones contra la decisión del TC.

La reunión del Pleno, de carácter extraordinario, apenas ha durado una hora y diez minutos, tiempo en el que los magistrados se han limitado a comprobar si los recursos del Ejecutivo cumplían los requisitos formales para su admisión. En este caso, iban acompañados del dictámen del Consejo de Estado y de la autorización del Consejo de Ministros al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para proceder a la interposición de este recurso.

Por tanto, el Pleno no ha entrado en el fondo de la cuestión, es decir, debatir sobre la posible inconstitucionalidad de la ley de consultas y del decreto que la desarrolla, algo que abordarán a partir de las próximas semanas.

La convocatoria de este pleno con carácter urgente se produjo después de que la abogada del Estado Marta Silva haya presentado los dos recursos del Ejecutivo en el TC contra la ley de consultas aprobada el viernes por el Parlamento catalán y el decreto de convocatoria firmado el sábado por el president de la Generalitat, Artur Mas.

Ha sido el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien en una comparecencia ante los medios de comunicación tras reunirse de forma extraordinaria el Consejo de Ministros, ha anunciado que el Ejecutivo recurría ante el Constitucional la consulta del 9-N y la ley que la ampara.

En la declaración institucional , Rajoy ha dejado claro que «no hay nada ni nadie, ni poder ni institución alguna que pueda romper el principio de soberanía única e indivisible sobre la que se basa» la convivencia entre los españoles, ni se puede «privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país».