Dónde empieza y dónde acaba el derecho a manifestarse

La virulencia con la que finalizaron las protestas del pasado 22-M y la presencia constante de manifestantes en las calles de Madrid, en especial en la Puerta del Sol, ha provocado que desde el Partido Popular algunas voces pidan limitar el ejercicio de este derecho.

El artículo 21 de la Carta Magna consagra el derecho de reunión y manifestación de todos los españoles. Un derecho que puede ejercerse en cualquier lugar y en cualquier momento siempre que se avise a la autoridad, en este caso la Delegación de Gobierno, dando detalles del motivo de la protesta, el itinerario o la hora de inicio y finalización. «Corresponde a la autoridad motivar la denegación del ejercicio de este derecho. Recae sobre ella el peso de decir por qué no se puede celebrar esa manifestación», explica José Luis López González, profesor de derecho constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en el derecho de reunión.

Existen motivos tasados por los qu e este organismo puede decir «no» a los convocantes. Puede hacerlo si la protesta pone en juego la preservación de bienes constitucionalmente protegidos como el libre tránsito de personas y vehículos en horas punta de tráfico y en arterias principales de la ciudad. Imaginemos que se quiere convocar una protesta a las ocho de la mañana para cortar el tráfico en la madrileña calle Alcalá, la Delegación debería prohibir la convocatoria por poner en peligro el orden público.

También puede negar esta posibilidad si la marcha pone en peligro servicios esenciales (sanidad, bomberos, transportes...) o si en su contenido o su organización da muestras de violencia . «Si la manifestación no es pacífica no se está ejercitando el derecho de manifestación», concluye José Luis López.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, expuso la semana pasada su deseo de proponer a la Delegación de Gobierno de Madrid que se cree lo que la prensa ha apodado como un «manifestódromo». La palabra evoca a una especie de recorrido circular donde los manifestantes dan vueltas sin fin, pero la propuesta no se refiere exactamente a eso. Se trata de crear espacios acotados lejos del centro para que transcurran las manifestaciones. Los criterios para fijar el itinerario prohibido serían parecidos a los que ya se utilizan en ciudades como París: los ejes estratégicos de transporte, las áreas de afluencia turística y las zonas históricas quedarían como zonas libres de manifestantes.

La idea que ya intentó introducir en su día el alcalde Álvarez del Manzano ha provocado división en el partido. El ministro del Interior considera que la propuesta de Botella es «muy atinada». En cambio la vicepresidenta del Gobierno dejó claro que «el Ejecutivo no se plantea acotar las manifestaciones a pesar de que «hay que encontrar el equilibrio entre quienes se manifiestan y los que no, pero usando los mecanismos ya previstos».

José Luis López recuerda que un «manifestódromo» como lugar acotado para el ejercicio del derecho de manifestación es «simplemente inviable en nuestro ordenamiento jurídico» ya que «parte del contenido esencial del derecho de manifestación es la posibilidad de elegir el lugar para su celebración».

Sin embargo, situaciones como la del pasado sábado 22 de marzo, en la que a las nueve y media de un sábado noche cualquier turista de la capital o incluso cualquier persona que quisiera salir a cenar pudiera plantarse, sin quererlo ni beberlo, en plena batalla campal, adoquines y señales de tráfico volando incluidos, dan muestra de que es necesario dar un lavado de cara a su ejercicio, pero sin olvidar que como recuerda José Luis López «se trata de un derecho limitado ». En palabras del ministro del Interior, «mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás».