¿Dónde ponemos los «jarrones chinos»?

El protocolo no reservaba ningún lugar a los expresidentes del Gobierno cuando el féretro con los restos mortales de Suárez llegó al Congreso y se instaló la capilla ardiente en el Salón de los Pasos Perdidos. Finalmente, tras un cruce de conversaciones, a veces tirantes y violentas, entre el presidente del Congreso, Jesús Posada, que era el anfitrión, y el jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Jorge Moragas, responsable de la organización del acto institucional, se salvó el escollo del decreto que regulaba el protocolo y se improvisó cierto protagonismo para González, Aznar y Zapatero. Los tres recibieron el féretro en la Puerta de los Leones, justo enfrente de Mariano Rajoy.

Aznar sostuvo después que el hecho de que coincidan tres expresidentes debería ser «una cosa normal» y positiva, porque quienes han liderado el Gobierno tienen una «responsabilidad institucional» y deben cuidarla «con cierta dedicación y esmero».

Desde el Gobierno de Rajoy se ha defendido en reiteradas ocasiones el «respeto» que merecen los expresidentes. Así, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha sostenido que «la relación institucional» con ellos «debe preservarse», precisamente por la labor que han desempeñado y ese respeto que merecen.

Pero a la hora de la verdad se cuenta poco o nada con ellos y su protagonismo suele ser bastante reducido en los actos institucionales. En el Congreso de los Diputados, entre los grupos mayoritarios y la propia Presidencia se cree necesario dotar de más «valor institucional» y «sentido de Estado» a estas figuras políticas, con una mayor presencia en determinados actos. Hay quien considera que lo que se necesita es «prestigiarlos», pero eso depende sobre todo de ellos.

En cualquier caso, el estatuto de los expresidentes está regulado por un Real Decreto de 1992 (modificó otro de 1983). Así, gozarán del tratamiento de «presidente»; se adscribirán a su servicios dos puestos de trabajo de libre designación (dependientes de Presidencia del Gobierno); dispondrán de una dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles; se pondrá a su disposición un automóvil de representación con conductores de la Administración del Estado; gozarán de los servicios de seguridad que Interior considere necesarios; y disfrutarán de libre pase en las compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado. La pensión ronda los 75.000 euros anuales.

Su estatuto, por tanto, está regulado desde el punto de vista material y del tratamiento que deben tener. Lo que no se ha regulado es el papel político e institucional que pueden asumir en actos de Estado, para que sean algo más que esos «jarrones chinos» que terminan en cualquier rincón.