Margallo solo ve paralelismo en la ilegalidad de la consulta de Crimea y Cataluña

Ese informe, elaborado a mediados de febrero -antes de que las protestas derrocasen al presidente ucraniano, Viktor Yanukovich- decía que «si el debate se cierra en falso puede desembocar en una situación como la que vive Ucrania en estos momentos», ha puntualizado Margallo en una entrevista en Antena 3.

El ministro ha precisado que lo único que él dijo, y que está en un documento avalado por el Consejo de Exteriores de la UE, es que el referéndum en Crimea, por ser contrario a la Constitución ucraniana, que consagra la indivisibilidad territorial, es contrario a la legalidad internacional y por ello no puede ser reconocido internacionalmente.

Así, ha explicado que esa sería la similitud con una hipotética consulta catalana, y «lo importante desde el punto de vista de la legalidad internacional». Eso sí, ha añadido que «todo lo demás es diferente», porque Crimea «era rusa hasta antes de ayer» -fue regalada por la URSS a Ucrania en 1954- y en Sebastopol hay una base rusa con contrato hasta 2042 y posibilidad de tener allí 25.000 hombres.

En cambio, Cataluña es parte de España desde hace 500 años y «nunca ha estado separada de España».

Por eso, cree que «precipitada» la crítica a sus palabras del jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, y se ha preguntado si los gobiernos europeos socialdemócratas no le han pasado el texto que aprobaron en Bruselas.

Además, ha asegurado que él siempre actúa con «lealtad absoluta» al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que no ha recibido de él ninguna «indicación contraria» a sus posiciones.

Así, preguntado si sus palabras sobre Crimea y Cataluña han despertado malestar en el Ejecutivo, ha respondido que éste es «muy amplio», que hay quienes son más y menos «amigos» y, tirando de ironía con palabras de Konrad Adenauer, que hay «nemigos, enemigos a muerte y compañeros de partido».

Margallo asume que es blanco de críticas porque «opinar sobre Cataluña siempre es una operación de alto riesgo», pero cree que más arriesgado aún es no hacer un «relato alternativo al que está construyendo desde hace mucho tiempo la Generalitat».

A su modo de ver, la clave es «la viabilidad jurídica y económica de una Cataluña independiente», y eso pasa por el reconocimiento internacional, un ámbito que entra en las competencias de su ministerio. Y ha añadido que cuando uno toma una opción política debe tener claras sus consecuencias.

En esa línea, ha afirmado que no se trata de lanza «amenazas», pero sí advertir que una Cataluña independiente por procedimientos contrarios a la Constitución no tendría reconocimiento internacional. «No queremos que a los catalanes les pase algo que pensamos que es malo», ha dicho.

A su juicio, lo que hace falta ahora es «un alto el fuego verbal», rebajar el «clima emocional» y «sustituir el mito por la razón».

De entrada, ha incidido en que «no son reales"» los argumentos del tipo «España nos roba, España no nos quiere o en España nos va mal» de los independentistas. No obstante, ha asegurado que al Gobierno le preocupan los «motivos de desafección» en cualquier parte del país, así que ha llamado a «restablecer el diálogo» y «ver lo que es posible y no es posible», siempre dentro de la ley.

«La legalidad no es problema de mayorías o minorías, sino de legalidad o ilegalidad», ha zanjado.