Las ONG intervendrán en la gestión sanitaria y social en los centros de extranjeros

Estas son algunas de las novedades anunciadas por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, y que se incluyen en el real decreto sobre la regulación de los CIE, aprobado hoy viernes por el Ejecutivo.

El ministro ha asegurado que se trata de una «reforma integral» del funcionamiento de estos centros, que persigue garantizar los derechos y libertades de los inmigrantes que se encuentran de manera irregular en España, y que pueden estar un máximo de 60 días en estas instalaciones.

«Por primera vez hay un reglamento completo y actualizado», ha resaltado Fernández Díaz, quien ha indicado que el reglamento cuenta con una dotación de 9 millones de euros para su funcionamiento más otros 5,5 adicionales.

Ha reconocido que el texto se ha aprobado con «cierto retraso» puesto que la reforma de la ley de extranjería de 2009 preveía que en seis meses tenía que haberse elaborado y, finalmente, se ha dado luz verde con cerca de cuatro años de demora.

Tras pasar por el Consejo de Estado, este texto «cubre un vacío legal», según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, e incorpora las recomendaciones «esenciales» de este órgano consultivo.

En abril de 2012 Interior dio a conocer un primer borrador y lo sometió a consulta de distintos ministerios, organizaciones sociales, grupos parlamentarios y organismos como la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial y la Abogacía del Estado, que hicieron sus aportaciones. Fruto de esa «ronda» se cerró el proyecto sobre el que esta semana el Consejo de Estado ha emitido su dictamen.

El reglamento no modifica en lo esencial el modelo de funcionamiento de estos centros, aunque sí introduce algunas novedades, como que las fuerzas de policiales se limitarán a la custodia de las instalaciones y será personal especializado el que atienda a los internos, que se llamarán por su nombre y no con un número.

El director ya no tendrá la última palabra a la hora de trasladar a un interno al hospital, ni supervisar la presentación de quejas de los inmigrantes recluidos; Las ONG podrán acceder a las instalaciones, previa acreditación; y las comunicaciones con abogados y consulados no serán objeto de supervisión policial.