corrupción en cataluña

El caso ITV ya extendió sus tentáculos con el tripartito

Un informe revela que la trama de Oriol Pujol ideó un plan para absorber la mayor parte de las estaciones

El caso ITV ya extendió sus tentáculos con el tripartito inés baucells

janot guil

26/12/2013
Actualizado a las 13:53h.

El ex número dos de Convergència, Oriol Pujol, imputado por el «caso ITV» por tráfico de influencias, declaró ante el juez que medió en 2010 en la confección de un nuevo mapa de estaciones de inspecciones técnicas de vehículos (ITV) sólo por el «interés general del país». Sin embargo, el último informe del caso elaborado por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria no sólo le desmiente, sino que revela un sistema corrupto en Cataluña que viene de más lejos. Un «modus operandi» endémico.

Y es que el citado informe concluye que la trama de empresarios imputados no sólo intentó imponer sus intereses -en ocasiones, mediante pagos- cuando CiU volvió a la Generalitat en 2010, sino que ya extendió sus tentáculos antes, en 2007. Querían garantizarse los favores del gobierno tripartito (PSC-ERC-ICV) y los de CiU , entonces en la oposición.

Según el informe, el empresario Ricard Puignou (de la sociedad Inteca, actual Certio), imputado en el caso, ideó un proyecto llamado Menta para hacerse con parte del mercado de las ITV aprovechando la decisión del tripartito de elaborar una Ley de Seguridad Industrial encaminada a romper el monopolio de Applus, que acaparaba el 85 por ciento de estaciones. Tal y como apuntan las decenas de mails incautados a Puignou y a sus socios -Pedro Olabarría y Enric Marugán-, éstos actuaron por dos vías.

En el caso del tripartito, el propio Puignou expone en algún mail la importancia de influir en algunos cargos como Josep Huguet (ERC), entonces consejero de Empresa. Además, l os empresarios contrataron al entonces supuesto mediador entre la Generalitat y el sector, Joan Martí Arjona. Le pagaron un total 48.000 euros. A través de la sociedad Inteca, con sede en Luxemburgo y gestionada por Puignou y sus socios, a una cuenta en Andorra de Martí. En paralelo, contactaron con Convergència, en concreto con Josep Tous -imputado en la causa y que acabó siendo mediador entre las empresas y la Generalitat cuando CiU volvió al poder-, Oriol Pujol, y su amigo íntimo, también imputado Sergi Alsina (de la consultora Alta Partners).

«Contactar con Tous para que Pujol fuerce a favor nuestro», reza un mail de Puignou. Pretendían que CiU les apoyara con la presentación de enmiendas a la nueva Ley de Seguridad Industrial y durante la elaboración del reglamento. Y así fue. Aunque e l tripartito no atendió sus peticiones.

Dos facturas con fondos suizos

Los correos de Puignou y sus socios entre abril y verano de 2008, cuando se aprobó la ley, son reveladores. En abril de ese año, Alsina pasa a Puignou su presupuesto, 30.000 euros para la «primera fase». Días después, Marugán envía un mail a Olabarraía donde se queja de que Pujol se ha reunido con Ricard Puignou y «le ha dicho que harán campaña mediática y, aunque no mandan, piden ¡¡¡30.000 euros!!!». En total, según la Agencia Tributaria, Alsina se embolsó 80.000 euros de Puignou en 2008 con tres facturas emitidas por su empresa Alta Partners a Inteca. Al menos dos de ellas se pagaron con fondos suizos trasladados a Luxemburgo y finalmente pagados en España.

Los «esfuerzos» económicos de Puignou y compañía no tuvieron recompensa con el tripartito en el gobierno. Pero no cejaron en su empeño. A partir de aquí la historia es conocida. Puignou y sus socios iniciaron una batalla legal para recurrir las concesiones de estaciones, influyeron en dos jueces , CiU volvió a la Generalitat y planeó un nuevo mapa territorial de ITV y Pujol medió junto a su amigo Alsina «por interés de país». Aunque iba a ser socio de una empresa que explotaría varias estaciones...

Actualización: con fecha 14 de abril de 2016, el Juzgado de Instrucción nº 7 de Barcelona dictó Auto acordando el sobreseimiento provisional de la causa penal en relación con el investigado Joan Martí Arjona, sin perjuicio de que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de infracción administrativa-tributaria.