Solo el PP da su aval a la reforma local en el Senado

El consejero de Economía de Cataluña, Andreu Mas-Colell, afirmó que no respeta el Estatuto de Cataluña, que «supedita» a la normativa estatal, y consideró que la normativa «va más allá de la Constitución». Lamentó también que el traspaso de competencias no vaya acompañado de financiación y precisó que la recentralización y uniformidad es «la medicina errónea» de esta reforma.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, coincidió en que supone la «recentralización política del poder local» y un «escenario preconstitucional» , elaborado desde una «posición economicista» al dictado de la troika europea. Indicó que vulnera su Estatuto y lamentó la falta de consenso «político y territorial» con el que nace la reforma, constituida por el PP «en absoluta soledad».

El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, reclamó «los recursos necesarios» para poder cumplir con «el mandato de no incremento del gasto», aunque a su juicio se trata de una «reordenación obligada» de la administración local debido a los cambios que ha experimentado el marco autonómico en los últimos 30 años. Aunque alabó la norma, añadió que aún hay «margen de mejora» para garantizar que «sea eficaz» y que las entidades locales sean «viables a futuro».

El consejero de Presidencia de la Comunidad Valenciana, José Císcar, apoyó la futura reforma porque es «absolutamente necesario simplificar el mapa competencial» y «clarificar competencias». Valoró que en 2014 se revise el modelo de financiación autonómica y local para poder «abordar con garantías todo el proceso de asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas en los plazos establecidos por la reforma local».

La consejera de Presidencia de Cantabria, Leticia Díaz, estimó que esta reforma no se puede abstraer del resto que ha emprendido el Gobierno y apeló a la «leal corresponsabilidad» para mejorar la gestión de las administraciones y garantizar los servicios esenciales.

El consejero de Presidencia de Asturias, Guillermo Martínez, dijo que atenta e invade competencias de su comunidad y genera desigualdades graves, especialmente en financiación. Destacó la norma no tiene en cuenta el caso de las comunidades uniprovinciales , de manera que Asturias tendrá que asumir las atribuciones de las diputaciones.

Manuel Campos, consejero de Presidencia de Murcia, aplaudió la iniciativa y dijo que «el espíritu que la anima» por encima de todo es la sostenibilidad, para «garantizar los servicios públicos».

El consejero de Política Territorial e Interior de Aragón, Antonio Suárez, indicó que la reforma llevará los servicios hasta el «ultimo rincón» de la comunidad autónoma y que es «absolutamente necesaria« para «garantizar la prestación de todos los servicios públicos en las mejores condiciones de calidad y costes».

Desde Castilla-La Mancha, su consejero de Presidencia, Leandro Esteban opinó que es «imprescindible» y rechazó que se trate de una «iniciativa impuesta», pues los textos han sufrido «modificaciones sustanciales» desde el inicio de la negociación, lo que muestra que es una «norma dinámica».

El consejero de Presidencia de Canarias, Francisco Hernández, insistió en que «vulnera la autonomía municipal consagrada en la Constitución», al tiempo que destacó la «ausencia» de mención a la singularidad canaria, en referencia a los cabildos insulares.

Para el consejero navarro de Administración Local, José Javier Esparza, era necesario reformar el modelo municipal, por lo que dio la bienvenida al texto actual, que incluye la especificidad de Navarra.

El consejero de Administración Pública extremeño, Pedro Nevado-Batalla, señaló que aportará «constitucionalidad, racionalidad y municipalismo en beneficio de los ciudadanos» y destacó «los instrumentos de control y de evaluación de la actividad» incorporados con la nueva ley.

Salvador Victoria, consejero de Presidencia de Madrid, elogió la labor del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que «ha impulsado las reformas necesarias» para sacar a España de la situación económica en que la dejó el anterior Gobierno del PSOE.

El consejero de Presidencia de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha recordado que fueron «muy críticos» pero que Montoro se ha mostrado «muy sensible» con sus peticiones, por lo que apoyan el proyecto del que está seguro que supondrá »la racionalización» de las administraciones en España.

La consejera de Administración Pública de Melilla, Catalina Muriel, defendió la reforma, que contempla las especificidades de su ciudad y de Ceuta, y dio por hecho que resolverá cuestiones hasta ahora no resueltas en competencias.