LA MONCLOA
Santamaría avanza que todas las medidas para reformar la Administración están ya en marcha
El subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, recalca su «optimismo» sobre el cumplimiento de las autonomías, pese a que parte de la reforma entra en competencias de las comunidades: «Ninguna de las medidas tiene que provocar problemas»
A. I. SÁNCHEZ
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría , ha adelantado esta mañana que las 218 medidas con que cuenta la reforma de la Administración se encuentran ya en proceso de ejecución. De este paquete, ha explicado que 28 han sido ya ejecutadas, mientras que ... 42 se encuentran en fase final, otras 114 en fase intermedia y las 35 restantes en fase inicial de implementación.
Entre ellas se encuentra la enajenación de inmuebles del Estado, gracias a la cual Hacienda ha vendido ya más de 1.036 fincas obteniendo 105 millones de euros en ingresos más otros 44 millones de euros en ahorros de alquileres. Otro ejemplo es la eliminación de empresas públicas. Sáenz de Santamaría aseguró que en el último año y medio se han eliminado ya 535 empresas públicas y que la previsión es que esta cifra alcance las 738 al final del proceso.
La vicepresidenta ha recordado también los 41.000 millones de euros inyectados en la economía a través del plan de pago a proveedores que, según sus cálculos, han evitado la destrucción de 400.000 puestos de trabajo y de tres puntos del PIB. En total, la reforma prevé ahorrar 37.700 millones de euros aunque no contempla sólo recortes. Sáenz de Santamaría avanzó que el Ejecutivo ha examinado 6.500 normas jurídicas y ha concluido que 2.700 vulneran la unidad de mercado. Según ha señalado, el 30 por ciento de ellas son estatales por lo que el Ejecutivo va a acometer su eliminación dando así ejemplo a las comunidades.
La número dos del Gobierno ha realizado este anuncio durante la inauguración de las XXXV Jornadas de Estudios de la Abogacía General del Estado en las que este año también intervendrá el director de ABC, Bieito Rubido.
A lo largo de su intervención, Sáenz de Santamaría -principal impulsora de la reforma- ha reconocido que actualmente la Administración Pública es un «lastre» para la competititividad del país y ha reclamado un cambio «urgente» de mentalidad que acompañe la reforma y que permita convertir a la Administración en un elemento que eleve la eficiencia española.
Sáenz de Santamaría ha recalcado que la Administración española «no es ni la más cara ni la más amplia» pero «ha crecido mucho sobre todo durante los años de la crisis». De ahí, ha justificado, la necesidad de emprender una reforma que dote a la Administración española de un funcionamiento moderno y poner en marcha medidas para no vuelva a crecer sin los controles necesarios.
Rubido: «Necesaria para España»
En una de las mesas de las jornadas ha participado el director de ABC, Bieito Rubido, quien ha subrayado que la reforma de la Administración Pública es "necesaria" para el país y ha subrayado la importancia de que logre otorgar mayor "eficiencia" al funcionamiento del sector público. Durante su intervención, Rubido ha subrayado que la opinión pública "demanda" más información sobre esta remodelación y las medidas que contiene no sólo sobre el sector público sino también sobre su impacto en la clase política, ante la presencia de distintos miembros del Gobierno: el subsecretario del ministerio de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales; la subsecretaria de Hacienda, Pilar Platero; el subsecretario de Interior, Luis Aguilera; y la directora de la Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración, Angelina Trigo.
El director de ABC ha aprovechado para preguntar a Pérez Renovales si la reforma de la Administración se convertirá en "realidad o no pasará de ser la mera expresión de una voluntad que nunca se ejecuta". El subsecretario de la Presidencia ha tenido que admitir que este "debate" existe pero ha expresado su "optimismo" sobre la aplicación de las 218 medidas que contiene la reforma a la vista de que el mayor escollo, la eliminación de organismos que entran dentro de las competencias de las comunidades, han empezado a ponerse en marcha por parte de la mayoría de las autonomías. "Como consecuencia del adelgazamiento, el nivel de empleo público está ya en niveles de 2004", afirmó antes de remarcar la colaboración con que la mayoría de las comunidades autónomas están acercándose a la reforma. "Por la tipología de las medidas que se están proponiendo, ninguna de ellas tiene que provocar problemas y soy bastante optimista sobre su implantación", recalcó el subsecretario de Estado y cerebro de la reforma.
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