El CGPJ renovará en cinco años a 36 de los 80 jueces del Supremo

A ellos se suma que los nuevos vocales también tendrán que elegir a 17 presidentes de tribunales superiores de justicia y a otros 52 de audiencias provinciales. Estos nombramientos cambiarán por completo el mapa judicial español , que en sus más altas instancias tendrá que ver casos que hoy están en fase de instrucción pero que llegado el momento podrían acabar en el Alto Tribunal, bien en forma de recurso o por simple aforamiento.

Viendo las cifras anteriores y la repercusión que una u otra composición puede tener sobre casos por todos conocidos (Gürtel, el fraude de los ERE, el caso Palau o Nóos, por poner algunos ejemplos) resulta comprensible que el órgano de gobierno de los jueces haya sido fruto de un amplio consenso político y que todos los grupos (salvo UPyD) hayan querido sumarse al acuerdo para renovarlo. Incluso Izquierda Unida, que en el último mandato del Consejo no ha contado con ningún representante y que ahora ha propuesto a la secretaria judicial de Madrid María Concepción Sáez Rodríguez en el grupo de juristas.

Fuentes próximas a la negociación del nuevo Consejo, de mayoría conservadora, consideran que los grupos parlamentarios tenían que haber anunciado el martes los nombres de los veinte vocales a la vez y no solo los de los ocho que corresponden al turno de juristas: entienden que desde fuera haya esa percepción de «politización» y «desprofesionalización» del órgano, que entre sus «juristas de reconocido prestigio» cuenta con dos políticos (Mercè Pigem y Álvaro Cuesta), dos secretarias judiciales, una abogada del Estado, un exalto cargo del gobierno del PNV y dos letrados, uno de ellos catedráticos.

No lo hicieron porque faltan por cerrar algunos flecos de la lista de doce jueces que han sido elegidos entre los 56 candidatos que presentaron sus avales el pasado mes de agosto. De hecho en las últimas horas ha habido modificaciones en esa relación de nombres. De los doce jueces, siete serán propuestos por el PP y cinco por el PSOE. Se da por hecho que en este Consejo se sentarán tres magistrados del Tribunal Supremo, un puesto para los que han optado ocho. La presencia de José Manuel López García de la Serrana se da por hecha, así como la de Clara Martínez de Careaga, mujer del exfiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Otra de esas plazas podría ser para Wenceslao Olea Godoy o José Manuel Maza.

Malestar de los fiscales

También se da por hecho que se convertirá en vocal el presidente de la Sala Penal, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente del TSJ de Navarra, Juan Manuel Fernández . En las quinielas están la magistrada de la Audiencia Provincial María Tardón; la juez de lo Social Celima Gallego (mujer del exministro José Antonio Alonso), y Roser Bach, juez de la Audiencia Provincial de Barcelona y mujer del consejero de Justicia de la Generalitat, Germá Gordó.

Una de las cuestiones más llamativas en el nuevo CGPJ es que por primera vez no cuenta con ningún fiscal entre sus veinte miembros, algo que el propio fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, lamentó ayer. «Respeto la decisión, pero no la comparto», dijo. También es notable el malestar entre los procuradores, que contaban con sentar en el CGPJ a su decano de Madrid, Antonio Álvarez-Buylla, y finalmente se ha quedado como suplente de los candidatos propuestos por el Senado.