Solo ocho pirómanos están en prisión por quemar el monte, dos menos que en 2012

Los agentes arrestaron el pasado miércoles a Antonio Rodríguez, un pastor de 74 años vecino del municipio pontevedrés de Oia, acusado de provocar el incendio más devastador del verano hasta entonces, que arrasó unas 1.800 hectáreas en los montes de Oia y O Rosal entre el 26 y el 30 de agosto. Hubo que desalojar más de 200 viviendas , fueron necesarios un millar de efectivos para sofocar las llamas y la factura de la extinción superó el medio millón de euros, según la Xunta.

Trabajos para la sociedad

Un juez de Tui imputó al pastor un delito de incendio con peligro para la integridad de las personas, pero le dejó en libertad con cargos. Es la decisión más habitual, como lo demuestra el cruce de las estadísticas policiales con las de Instituciones Penitenciarias. En este caso, como en otros, el fiscal había solicitado el ingreso en prisión.

En las cárceles españolas hay a día de hoy 218 presos por provocar incendios de todo tipo; solo ocho de ellos (incluidos condenados y preventivos) están entre rejas por causar fuegos forestales. Son dos menos que en septiembre del año pasado, cuando el total de reos «pirómanos» era de 246. Otras once personas cumplen trabajos en beneficio de la comunidad , es decir, han sido condenadas por un juez por delitos contra la seguridad colectiva a una pena inferior a dos años, que se les ha conmutado por trabajos para la sociedad, según datos de Instituciones Penitenciarias.

Frente a esta estadística está la de la Guardia Civil. En lo que va de año han detenido a 34 personas e imputatado a otras 140 por provocar incendios forestales. Doce fueron arrestadas en Galicia , comunidad en la que se ha imputado a otros 31 autores de fuegos.

Un caso curioso desde el punto de vista judicial es el ocurrido también la pasada semana en Pontevedra. El día 6 la Guardia Civil detenía a una vecina de Salceda de Caselas de 45 años como presunta autora de al menos 13 incendios ocurridos en esa comarca durante el mes de junio. La colaboración ciudadana fue fundamental para dar con la incendiaria.

Un juez de Porriño la puso en libertad, pero tras encargar un dictamen forense decretó su ingreso en prisión a los cinco días. Su perfil sí es el de una pirómana, alguien que sufre un trastorno que le atrae hacia las llamas como una perdición; el incendiario, en cambio, tien una motivación ( el pastor había contado su malestar por el exceso de maleza y el perjuicio para sus ovejas ). La pirómana de Salceda es la segunda mujer que acaba en la cárcel en un mes por el mismo delito en Galicia.

Investigar el origen de un incendio forestal es complejísimo. «O sorprendes al autor en el momento o colaboran los vecinos y las brigadas antiincendios; si no, es casi imposible dar con el incendiario». La mayoría de los fuegos conocidos este año empezaron por accidente (200); 192 tuvieron su origen en una negligencia y 124 fueron intencionados. « El monte acaba siendo la víctima de muchos conflictos entre aldeas, parroquias y vecinos », sentencia el alférez Lago. Admite que desde el 18 de agosto sus hombres y él no han tenido tregua en la lucha contra las llamas. La implicación es personal. Los agentes del Seprona se echan al monte y se agazapan durante horas a la espera del sospechoso. Hay una larga lista de objetivos sobre la que prefiere no dar cifras concretas. Algunos tienen medidas cautelares; otros son incendiarios conocidos.

Labor de inteligencia

Cada año desde abril, sobre todo en Galicia, explica el alférez, se hace una labor preventiva y de inteligencia. Se habla con las comunidades de montes y se delimitan parroquias de especial vigilancia (aquellas en las que existen conflictos de lindes, por ejemplo). Cuando agosto llega seco y con vientos como los de esta temporada, las previsiones saltan por los aires . La pregunta es obligada: por qué se dicta prisión en tan pocos casos cuando el delito puede llegar a una pena de 20 años. La respuesta: el Tribunal del Jurado, obligatorio en este tipo de delitos. La mayoría de sentencias son exculpatorias, algo sobre lo que la Fiscalía de Medio Ambiente lleva años alertando.