Guerrero coló a su suegra en un ERE con un fax enviado desde su despacho

El número de fax desde el que se envía el documento el 6 de julio de 2004 «es, como se refleja en el encabezamiento, el de la Dirección General de Trabajo», destacan los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un atestado que forma parte del sumario del caso de los ERE fraudulentos centrado en el expediente financiado a la empresa de galletas SOS Cuétara, donde su suegra nunca había trabajado.

Para la UCO el envío del fax demuestra que «quien está interesado en la contratación de una póliza individual no es la beneficiara sino la propia Dirección General de Trabajo y, más concretamente, su director general Francisco Javier Guerrero», quien firmaba las resoluciones concediendo las ayudas . Las gestiones de su yerno acarrearon a las arcas autonómicas un desembolso de 198.876,85 euros entre 2004 y 2009. Es la suma de las dos pólizas subvencionadas que suscribió Victorina Madrid con dos aseguradoras (Personal Life y Vitalicio).

Jesús María Bordallo, el exconsultor de la mediadora Vitalia que tramitó las pólizas (imputado en la causa) manifestó en marzo de 2011 a la Guardia Civil que pactó la inclusión de su familiar en una «póliza de pequeña cuantía» con el ex alto cargo de Empleo, uno de los supuestos «cerebros» de la trama que investiga la juez de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya .

El intercambio de documentos vía fax contradice la versión del exdirector de Trabajo, quien declaró a los investigadores el 11 de marzo de 2011 que la trató «como a cualquier otra persona que fuera a pedirle una ayuda individual» y negó que se incluyera en el ERE de SOS Cuétara por orden suya. Pero aún más elocuente es otro fax que dirige Antonio Albarracín, exdirectivo de la mediadora Vitalia, a Guerrero el 27 de febrero de 2004. El mensaje de la portada del fax, al que ha tenido acceso ABC, es claro y revelador, a juicio de los agentes: «Adjunto costes de SOS Andalucía y secuencia de Dña. Victorina Madrid Pisabarro, que es la persona que se ha añadido al coste».

Nadie pidió las ayudas

La fecha del 27 de febrero de 2004 resulta muy relevante para los investigadores. Ese día Guerrero firmó el acuerdo por el que autoriza la extinción de los empleos de 34 trabajadores de las factorías de SOS Cuétara en Alcolea (Córdoba), Andújar y Jaén , sin que la sociedad lo solicitara en aras de la «paz social».

Ese mismo día, el ex alto cargo autonómico recibe por fax y correo electrónico un estudio de Vitalia referido a la empresa en el que se incluyen 35 personas. La número 35, que aparece con un asterisco, es su propia suegra, a la que le dispensó un «trato preferente» en «connivencia» con la consultora que tramitó las pólizas de prejubilación a cambio de una jugosa comisión.

La factura que cobró Vitalia por sus trabajos asciende a un 20 por ciento del coste total del expediente, que era de 3,28 millones de euros.

En abril de 2011, Victorina Madrid, que está imputada en la causa, manifestó a la Policía Judicial que no pidió a Guerrero que le ayudara. Reconoció, además, que nunca ha trabajado en SOS Cuétara, aunque está cobrando una póliza de Banco Vitalicio «sin conocer el motivo», según recoge el informe policial.

Vende su patrimonio

A raíz de su imputación, la suegra del exdirector de Trabajo «decidió, en connivencia con su esposo, Antonio Otero, desprenderse de todo su patrimonio» para eludir «la posible responsabilidad económica» por el desvío de fondos públicos, sostiene la UCO. Para no tener que devolver el dinero defraudado, el 7 de junio de 2011 liquidó la sociedad de gananciales con su cónyuge, al que le traspasó, ante notario, dos viviendas y una cochera en la localidad sevillana de La Rinconada , valoradas en 114.000 euros.

Dos semanas después, el matrimonio vendió otra vivienda y un garaje en Urnieta (Guipúzcoa) por 312.526 euros. Los agentes atribuyen a Victorina Madrid un posible delito de insolvencia punible.