El último engaño del Reino Unido

A primera vista, las sanciones europeas a Irán por su programa nuclear tienen poco que ver con Gibraltar, pero ambos asuntos terminaron vinculados en la relación entre España y el Reino Unido. Los británicos necesitaban el apoyo español para obtener una modificación en el Reglamento de sanciones de la UE y España, a su vez, quería que Londres tomara cartas en el contencioso pesquero abierto por el ministro principal del Peñón, Fabian Picardo. Nuestro país cumplió lo acordado. Londres no lo ha hecho todavía.

Todo arranca de la paralización en noviembre de 2010 de la actividad de la plataforma «Rhum Gas Field» , que extrae gas en el Mar de Norte, y que es propiedad al 50 por ciento de British Petroleum y de la Iranian Oil Company (IOC), un compañía iraní constituida en el Reino Unido, pero cuya matriz es la Compañía Nacional de Petróleos de Irán. La paralización, según alegó el Gobierno británico obedeció al temor de Estados Unidos de que información tecnológica y los beneficios de la explotación llegaran al Gobierno de Teherán.

Compañía iraní

Los británicos, según supo ABC de fuentes comunitarias, alegaron motivos de seguridad y medioambientales para tomar el control administrativo temporal de la plataforma, lo que, en la práctica suponía una expropiación encubierta de la participación de la Iranian Oil Company. Su estrategia pasaba por incluir a la IOC en la lista de empresas sujetas a sanciones europeas, ya que hasta ese momento no lo estaba, y además por modificar el Reglamento de sanciones de la UE contra Irán -adoptado en marzo de 2012- de forma que el Gobierno británico pudiera negociar los contratos de renovación con las empresas de mantenimiento de la plataforma.

Para lograr estos objetivos, Londres necesitaba una aprobación por unanimidad de todos los miembros de la UE . Y aquí tropezó con España, que, desde el comienzo había mantenido dudas técnicas y jurídicas sobre esas pretensiones: ni se consideraban justificados los riesgos expuestos por los británicos; ni se pensaba que la pérdida económica de una empresa -debido a la inactividad de la plataforma- fuera un motivo para pedir la derogación del régimen de prohibiciones.

Los representantes españoles en la UE subrayaban, además, que no había precedentes para incluir la administración temporal de licencia como una excepción al régimen de sanciones, y que se corría el riesgo de que la UE fuera demandada por la compañía iraní.

Ante esta situación, hubo reuniones técnicas entre españoles y británicos. Además, el secretario del Foreign Office, William Hague envió varias cartas al titular de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y mantuvo con él un encuentro en Luxemburgo a mediados de octubre para ofrecer a España una nueva redacción en la modificación del citado reglamento. En la reunión, el ministro español aprovechó para plantear a su colega británico el conflicto pesquero en Gibraltar, y para anunciarle el envío de una propuesta de creación de un grupo de expertos a cuatro bandas (Madrid, Londres, Gibraltar y la Junta de Andalucía) para abordar ese problema.

Hubo nuevos contactos, incluidos los del secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo , y su colega británico, David Lidington, y finalmente, en una conversación telefónica mantenida por Hague y García-Margallo, en la que se llegó al compromiso de resolver los dos dossieres: el del reglamento y el pesquero.

En la práctica, equivalía a decir que España levantaba su veto al cambio del reglamento de sanciones, lo que permitiría al Reino Unido negociar por si sólo los nuevos contratos para mantenimiento de la plataforma Rhum Gas Field. A la vez, Londres se comprometía a tomar cartas en el asunto para que terminaran los problemas que impedían a los pesqueros españoles faenar en aguas adyacentes a Gibraltar.

Así, la UE pudo aprobar por unanimidad la iniciativa británica, pero España aún sigue esperando a que el Reino Unido cumpla su promesa de resolver el contencioso pesquero.