Operación contra la corrupción en el polígono Plaza de Zaragoza

Según las fuentes consultadas por ABC , en la operación han sido detenidas hasta el momento dos personas por orden de la Fiscalía Anticorrupción. Se trata de Miguel Ángel Pérez Cervantes, director técnico de la plataforma logística, y Nicolaas Adrianus Groeneveld, director de obra de la misma. No se descarta que haya más arrestos en los próximos días . Además, estaban previstos una decena de registros, alguno de ellos fuera de la capital aragonesa.

Las mismas fuentes consutadas por ABC cifran en 50 millones de euros la cantidad de fondos públicos que ha podido ser malversada, si bien se trata de los primeros cálculos de los investigadores que aún están pendientes de ser confirmados por el estudio de la abundante documentación que ha sido intervenida.

Las irregularidades más importantes que se han detectado en torno a esta plataforma logística son la sobrefacturación de las obras ejecutadas por las UTE Plaza tanto de de la primera como de la segunda fase, de modo que se aumentaban de forma artificial los precios reales de las mismas y se simulaba además haber realizado más de las que constaban en los informes, y por las que el Gobierno de Aragón , a través de Plaza, pagaba importantes cantidades de dinero.

Además, se habrían producido pagos en especie a directivos y a la dirección técnica de las obras con cargo a la empresa pública Plaza S. A. En este sentido hay que destacar que uno de esos pagos en especie, según ha sabido ABC, se corresponde con un chalé construido en Salou .

Pero las irregularidades fueron aún más lejos, ya que otro de los asuntos que se están investigando son los supuestos saneamientos de tierras que se habrían realizado en los terrenos de la segunda fase del proyecto Plaza, pagados a un precio muy importante por la empresa pública. Pues bien, en realidad esos trabajos nunca se llegaron a realizar a pesar de las certificaciones presentadas por la UTE y aprobadas por los responsables de la sociedad. Asimismo, se certificaron obras no ejecutadas cuyo importe se destinaba, en parte, a los pagos en especie antes aludidos.

Todas estas actuaciones son constitutivas de los delitos de malversación de causales públicos, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, cohecho y precaricación.