España quebraría si diera la foralidad vasca y navarra a todas las autonomías

Lo que resultaría inviable es extender el modelo navarro y vasco al resto de autonomías. Sencillamente, porque España quebraría. Detraería no menos de 60.000 millones de euros anuales a las arcas del Estado y eso le obligaría a sobreendeudarse de forma estructural hasta niveles insostenibles, según el estudio realizado por ABC tras desgranar las finanzas de las diecisiete comunidades autónomas de los dos últimos años.

Cálculo infravalorado

El sistema del que disfrutan el País Vasco y Navarra se articula a través de dos fórmulas jurídicas: el «Cupo» vasco y el «Convenio económico» en el caso de Navarra. Las diputaciones vascas y la Comunidad Foral de Navarra tienen reconocida una autonomía fiscal y financiera. Eso les ha permitido disfrutar de un amplio margen a la hora de fijar la presión fiscal en sus respectivos territorios, pudiendo así ofrecer un mejor trato a sus habitantes y empresas por una capacidad normativa de la que no disfrutan el resto de regiones.

La recaudación de los impuestos la hacen allí, lo ingresan en sus respectivas haciendas. Luego, las diputaciones vascas se encargan de transferir el dinero al Gobierno vasco y este, por su parte, ingresa anualmente a las arcas estatales el «Cupo», una cantidad fijada con carácter quinquenal para sufragar los servicios que presta el Estado y que no ejerce la comunidad autónoma. El modelo, en esencia práctica, es similar en Navarra. En el resto de España la mecánica es totalmente distinta: es el Estado el que recauda los impuestos —salvo los que tienen cedidos las comunidades— y luego transfiere una parte a las autonomías para financiarlas.

El quid del asunto está en la fórmula para fijar el «Cupo» vasco o la aportación navarra al Estado. Los críticos con este modelo subrayan que el cálculo está infravalorado en perjuicio del Estado y, por tanto, en beneficio de las arcas de esas dos comunidades . A la postre, eso significa que el resto de autonomías contribuyen a la caja común de todos los españoles lo que de menos aportan País Vasco y Navarra.

Cuentas ventajosas

Pero ¿es efectivamente tan ventajoso para estas dos comunidades? Según los datos recopilados por ABC, en los dos últimos ejercicios el Gobierno vasco ha disfrutado de unos recursos medios por habitante de 3.636 euros por año . El Gobierno navarro todavía más, 4.446 euros. Es lo que sale de sumar todos los ingresos netos que les quedan por recaudación de impuestos, transferencias, tasas y recursos propios, y restar lo que aportan al Estado. Pero el resto de autonomías no han pasado, de media, de los 2.600 euros.

La diferencia, por tanto, es evidente: por ejemplo, en los dos últimios años, la foralidad ha otorgado al País Vasco unos recursos financieros per cápita un 40 por ciento superior que la media del resto de autonomías; a Navarra, un 70 por ciento más. La media de las dos, un 55 por ciento más que la del resto de España. Si se compara región por región, en unos casos la diferencia es incluso mayor; en otros, más discreta. En épocas de bonanza la «brecha» aún puede ser más amplia, porque la recaudación crece, pero la aportación de Navarra y País Vasco al Estado es una cantidad prefijada.

El Estado pierde

Si fueran del «régimen común» les quedaría mucho menos, porque tendrían que contribuir solidariamente como el resto a la caja común española. A la inversa, si todas las regiones disfrutaran del marco financiero de Navarra y País Vasco, el Estado les tendría que garantizar tal cantidad de capital que sería insostenible. Perdería no menos de 60.000 millones de euros al año, entre lo que dejaría de ingresar y lo que tendría que traspasar a las autonomías que no generaran por sí mismas los recursos de País Vasco y Navarra. Habría 60.000 millones menos en las arcas del Estado , pero prácticamente con los mismos gastos generales que ahora —Defensa, política exterior, inversiones, infraestructuras...—. Así que el Gobierno de España se vería obligado a endeudarse, cada año, en no menos de 60.000 millones más de lo que ahora se endeuda. Supondría el colapso.

Pero ¿cuánto ganan el País Vasco y Navarra gracias a ese trato especial? Tomando como referencia la media de todas las demás autonomías, entre País Vasco y Navarra dejan de aportar unos 3.000 millones de euros anuales, tomando como referencia las cifras de 2011 y 2012. En definitiva, varios miles de millones de euros que cada año pierde la caja común de la solidaridad interterritorial, la «caja común» de todos los españoles.

Desde algunos sectores se argumenta que País Vasco y Navarra disponen de más recursos porque también generan más renta. En definitiva, porque tienen más PIB. Pero la realidad desmonta el argumento. De entrada, hay que tener en cuenta que es perverso utilizar el PIB como referente a la hora de fijar cuánto debe aportar y cuánto quedarse una comunidad autónoma. Primero, porque quienes contribuyen a la caja común de la solidaridad nacional no son los territorios, sino las personas y empresas. Y segundo, porque el dinero que se redistribuye desde el Estado no va a financiar las autonomías como tales, sino a garantizar que todos los españoles disponen de unos servicios, prestaciones y coberturas públicas similares, al margen de que vivan en regiones más o menos prósperas. Es la esencia del principio de solidaridad redistributiva, nuclear en el concepto de Estado. Si, argumentando la riqueza de su territorio, un gobierno autonómico exige para sí más dinero en exclusiva en detrimento de su aportación a la caja común del Estado, al final el modelo de redistribución solidaria acaba herido, truncado.

Agravios comparativos

Pero, aun así, incluso usando el privilegiado criterio del PIB, también queda de manifiesto el ventajoso trato del que disfrutan País Vasco y Navarra respecto a las demás. Hay múltiples ejemplos, pero baste citar algunos de ellos para demostrarlo. Entre 2011 y 2012, la Comunidad de Madrid , con un PIB sólo un 3,3 por ciento inferior al País Vasco, dispuso de un 33 por ciento menos de dinero público por habitante y año. Y comparándolo con Navarra aún es más notorio: el PIB de Madrid es un 2,7 por ciento superior al de la Comunidad Foral, pero, sin embargo, los recursos públicos per cápita acaban siendo un 45 por ciento inferiores.

Otro ejemplo, la Comunidad Valenciana. Con un PIB un 34 por ciento inferior al del País Vasco, su Gobierno autonómico dispuso de un 43 por ciento menos de recursos públicos per cápita. Y siendo su PIB un 30 por ciento menor que el de Navarra, sin embargo la desventaja en recursos públicos per cápita respecto a la Comunidad Foral es del 53 por ciento. La brecha es evidente. Pero hay más casos. Por poner otro ejemplo, el de una comunidad de las medianas: Aragón. Su PIB per cápita es un 17 por ciento inferior al de Navarra, pero la brecha en financiación autonómica se eleva al 37 por ciento con su vecina Comunidad foral.

Quizás hablando en porcentaje suene más frío. Si se echa el cálculo al euro resulta mucho más elocuente. Por ejemplo, si Madrid tuviera el mismo trato que el País Vasco el Gobierno autonómico madrileño habría tenido casi 16.000 millones de euros más en dos años, entre 2011 y 2012.

Y aun así, endeudados

Ahora bien, tener más no significa estar más saneados. Navarra y el País Vasco son, con diferencia, las que más dinero público manejan. Sin embargo, en deuda pública por habitante también están en el grupo de cabeza. Entre el endeudamiento del gobierno autónomo y el de sus empresas públicas, el País Vasco comenzó este año con una deuda per cápita de 3.317 euros, la quinta más alta de España. Y en Navarra ascendía el pasado 1 de enero a 4.626 euros por habitante, la tercera más endeudada de entre todas las comunidades autónomas, incluso por delante de la Comunidad Valenciana —que en esa fecha era la cuarta en una lista, la del endeudamiento per cápita, que lidera Cataluña , seguida de Baleares —.

Estos datos hacen aflorar otra cuestión más, ligada a la discusión sobre el futuro del «Cupo» vasco y del «Convenio» navarro: no se trata ya de si la lógica avala su revisión, sino de si la realidad de ambas comunidades lo permite en términos de sostenibilidad económica. Hoy por hoy, suprimir esos regímenes forales de financiación abrirían una vía de agua con serios visos de poder hundir las cuentas de ambas comunidades tal y como están configuradas. Nada volvería a ser igual, ni en dimensión de su entramado administrativo y de autogobierno , ni de prestación de servicios ni, en definitiva, de gasto público.