Las empresas de seguridad no podrán actuar como detectives

El texto de la futura ley, que sustituirá a la actual de 1992, será sometido a debate en el Consejo de Ministros, que previsiblemente dará luz verde para su entrada en las Cortes. De este modo, la regulación en este aspecto queda como en la ley todavía vigente y solo los detectives privados podrán realizar investigaciones «en relación a personas, hechos o delitos solo perseguibles a instancias de parte».

La modificación da satisfacción a los detectives, que ya habían mostrado su preocupación por lo que consideraban una invasión de competencias que, además, podría suponer la quiebra de un colectivo ya de por sí castigado por la crisis. No obstante, la nueva ley les someterá a un control más rígido que hasta ahora y los detectives tendrán que dar cuenta al Ministerio del Interior de los encargos que reciben, los medios que emplean y los resultados obtenidos.

La regulación de los servicios de videovigilancia es otro de los aspectos que prevé el proyecto, que insiste en la necesidad de que estos elementos se utilicen bajo los principios de proporcionalidad , idoneidad e «intervención mínima». Además, deberán destruir los sonidos e imágenes grabados durante sus vigilancias un año después de la finalización de su informe.

Según esta nueva regulación, no se podrán utilizar con fines de seguridad privada para tomar imágenes y sonidos de vías y espacios públicos o de acceso público, salvo en los términos que regula la ley de seguridad ciudadana.