El PSOE solo cuestiona los acuerdos con la Santa Sede cuando está en la oposición

Como Tratado internacional, su denuncia requiere la mayoría de las Cortes

El PSOE solo cuestiona los acuerdos con la Santa Sede cuando está en la oposición ap

LAURA L. CARO

22/04/2013
Actualizado a las 14:33h.

El PSOE solo habla de romper los acuerdos con la Santa Sede cuando está en la oposición. En los 22 años que ha gobernado España nunca lo ha hecho. Es más, el último gran respaldo se dio en 2006 durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, al elevar el porcentaje de cooperación directa del Estado con la Iglesia Católica un 30%: del 0,52 al 0,7% . Poner en cuestión la relación establecida no es tan fácil: los acuerdos con la Santa Sede son un tratado internacional, protegido por la Convención de Viena e incorporado al ordenamiento interno español, y su denuncia requeriría, por tanto, de la autorización de las Cortes Generales. Una mayoría que los socialistas no pueden concitar, pero sí tuvieron en su mano en el pasado.

A pesar de saberlo, en los últimos días, Alfredo Pérez Rubalcaba no ha parado de advertir de que, si el Ejecutivo modifica la ley del aborto, ellos «se replantearán» el estatus con la Santa Sede , una idea que ya lanzó la víspera de ser elegido secretario general del partido en 2012, por cierto, con enorme aplauso de la militancia. Y eso no hay que perderlo de vista. Sobre todo en un momento en que el electorado se ha dado a la fuga y el PSOE ha decidido ir en su busca por la izquierda , donde tienen buen cultivo mensajes anticlericales del estilo de «los obispos dictan y el PP obedece».

Propuesta en otoño

«Hasta ahora hemos sido muy respetuosos con los acuerdos, y eso nos ha podido costar votos» , reconoce el diputado y miembro de la dirección socialista Juan Moscoso, que avanza que el PSOE presentará en la Conferencia Política que el partido celebrará en otoño una propuesta que «supondrá revisar todo lo que implica cuestiones para las que hay auténtico clamor de cambio». Moscoso distingue «dos fuerzas confluyentes», a saber: «la demanda de los ciudadanos de que el Estado sea absolutamente neutral respecto a las distintas confesiones y no haya privilegios fiscales, protocolarios, administrativos... y, segundo, la necesidad de conocer con transparencia la realidad de los ingresos y gastos del Estado consecuencia de esos acuerdos».

El reproche a la preferencia de la Iglesia y la sombra de esas cuentas -«si se supieran, todo esto se cuestionaría mucho más», asegura Moscoso- se desmontan en el discurso del profesor de la Universidad de Comillas Miguel Campo , experto en Derecho Eclesiástico del Estado. Con la Constitución como referente, cita que, lejos de ser un capricho, es el artículo 16.3 el que establece que «España mantendrá relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones, en plano de igualdad», y que, en ese sentido, los acuerdos con la Santa Sede sirvieron para «encauzar las relaciones con esas otras confesiones y avanzar en un sano laicismo».

Campo subraya que la previsión constitucional figura en el título de Derechos Fundamentales, lo que significa que los poderes públicos tienen además «el deber activo» de «crear condiciones» para que, en este caso, la libertad religiosa pueda ejercerse . Eso implica colaboración, también económica. El profesor constata en este punto que «la Federación de Entidades Evangélicas, la Comisión Islámica y la Federación de Entidades Israelitas -las tres que tienen acuerdo de cooperación con el Estado español- gozan del mismo estatuto de exenciones que la Iglesia Católica», incluida la del IBI, que se amplió además como consecuencia de la Ley de Mecenazgo de 2002, por la que tampoco pagan ese impuesto «la Cruz Roja, los clubes deportivos o el Hotel Palace de Madrid».

Consenso irrepetible

Todas son entidades sin ánimo de lucro, beneficiadas «por contribuir a la consecución de valores constitucionales», y ante las que Miguel Campo afirma que la Iglesia «ni pide, ni quiere privilegios, sino participar de ese régimen privilegiado que el Estado les otorga», puesto que la Iglesia también participa de esos fines -discapacidad, pobreza, enseñanza, cultura...-, y además «es un bien jurídico proclamado dentro del núcleo más digno de protección» de la Carta Magna.

«Se maneja mucha demagogia», lamenta el profesor, que resuelve que, en todo caso, el PSOE nunca ha denunciado los acuerdos porque sabe «que sería muy difícil volver a lograr un consenso para celebrarlos». «A la Iglesia siempre le ha ido mejor en sus negociaciones con ellos que con el PP...» , reflexiona.

Aunque las visiones parecen irreconciliables, en el PSOE existe el Grupo Federal de Cristianos Socialistas, que coordina Carlos García Andoín. Él opina que «no hay ninguna posición adoptada» en su partido, pero también que los acuerdos «no son ningún dogma» y se pueden modificar, particularmente «en el aspecto económico, para ir hacia una financiación indirecta de la Iglesia». Andoín -que previene ante cualquier intento de enfrentarle con el PSOE-, coincide con Moscoso en que para el electorado socialista «es excesiva la ayuda que el Estado presta a la Iglesia», si bien advierte que al respecto hay «una falta de conocimiento de la legislación» que obvia, por ejemplo, «que la única exención de la que goza en exclusiva la Iglesia es el Impuesto de Obras Municipales».