Los pinchazos telefónicos tumban a Oriol Pujol

Su declaración ante un juez en calidad de imputado, para la que aún no hay fecha, es «esencial y necesaria», concluía el representante del Ministerio Público.

El informe de Anticorrupción ha cimentado la imputación de Oriol Pujol con cien conversaciones y mensajes de móvil que apuntan a la comisión por parte del político nacionalista de un delito de tráfico de influencias: «Utiliza su cargo público en beneficio propio, lo cual supone una infracción del deber de probidad y honestidad que debe caracterizar a todas las autoridades y funcionarios públicos, con grave perjuicio para la Administración y para la sociedad en general», sostenía el fiscal.

Maldonado defendió la tesis de los investigadores de la Agencia Tributaria, que situaron al político nacionalista en la cúspide, en lo más alto de la trama corrupta que pretendía hacerse con concesiones públicas de inspecciones energéticas de manera fraudulenta: «De las conversaciones intervenidas se desprende que coordina, dirige y ampara la actividad delictiva del resto de los ya imputados», suscribe.

El informe del fiscal es muy minucioso a la hora de justificar las, a su juicio, actividades delictivas del político catalán: «Primero, el Sr. Pujol es autoridad. Segundo, actúa con el propósito de obtener un beneficio económico. Tercero, influye en otras autoridades públicas prevaleciéndose de sus dos cargos».

Fernando Maldonado también torpedeó una de las línea de defensa de los imputados, el hecho de que no consiguieran llevar a buen puerto sus propósitos, que terminaron cuando la investigación se filtró a la prensa como una deriva del caso Campeón, como acaba de hacer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

El fiscal argumentaba que el tráfico de influencias es «un delito de simple actividad que no requiere para su consumación la obtención del resultado perseguido». Es decir, no consiguieron el latrocinio de lo público que pretendían, pero cometieron un delito intentándolo, un delito en el que abundante jurisprudencia demuestra que los tribunales han aplicado «un rigor inusitado al criminalizar un acto preparatorio».

La juez López Mejía también envió al TSJC un exhaustivo listado de los pasos que dio Oriol Pujol en favor de la trama, desde el nombramiento de altos cargos afines, hasta su presencia y ánimo de lucro en la empresa de ITV que los detenidos habían creado. Ahora, el gran objetivo de «Zumosol», «nuestro gran jefe» o el «líder espiritual», como se refieren a Oriol Pujol en los pinchazos telefónicos de la Agencia Tributaria, es que el TSJC no llegue a ordenar la apertura de juicio oral en su contra, lo que probablemente acabaría con su carrera política.