Feijóo ve «secundarias» las elecciones y explora vías legales para aplazarlas

«Si se puede ir a votar el 5-A hay que mantener las elecciones» , sostuvo Núñez Feijóo tras la reunión semanal de su gobierno, centrada casi de manera monográfica en evaluar la propagación epidemia de Covid-19 en Galicia y en la adopción de medidas severas para atajarla, «pero si no se puede hay que buscar la forma de posponerlas hasta que haya garantías» . El presidente gallego mantiene un discreto canal de interlocución abierto con su homólogo vasco, Íñigo Urkullu, y dentro de esta coordinación enmarcó que ambos gobiernos estén «estudiando mecanismos legales» para instar a un aplazamiento que ni la Constitución ni la legislación electoral contempla, aunque tampoco prohíbe de manera taxativa. «No hay una previsión legal escrita», reconoció, «y debe hacerse una interpretación legal» del texto constitucional.

En este debate de quién debe activar el inexistente mecanismo de la suspensión electoral terció ayer la Junta Electoral Central (JEC) de Galicia, tan interpelada en los últimos días por la clase política por ser la teórica voz autorizada para ordenar o no el aplazamiento. Lejos de atribuirse ese papel, la JEC recordó que su papel es limitarse a «garantizar el normal desarrollo del proceso electoral convocado» pero que carece de competencias para alterar su celebración. Reconociendo que «las medidas de protección de la salud del cuerpo electoral condicionan el normal funcionamiento del sistema y son presupuestos para su efectividad», devolvió la pelota «a los mecanismos del Estado de Derecho y el consenso de las candidaturas concurrentes» para que, ellos sí, decidan qué hacer con el 5-A.

Alberto Núñez Feijóo no quiere tomar la decisión en solitario, ni que se le pueda imputar que dio ese paso de manera unilateral o movido por intereses electoralistas. Por eso ha convocado para el próximo lunes a los candidatos de los principales partidos: Gonzalo Caballero (PSOE), Ana Pontón (BNG), Beatriz Pino (Ciudadanos), un representante de Vox (dado que no tienen aspirante a la Presidencia de la Xunta) y Antón Gómez-Reino (Podemos), aunque es dudoso que este último pueda acudir, ya que ayer mismo anunció que iniciaba una cuarentena por recomendación de la dirección de Unidas Podemos a pesar de no mostrar síntomas.

Por lo pronto, Feijóo comunicó que el PP suspenderá todos sus actos de precampaña programados hasta la reunión de ese lunes , y lo más probable es que se extienda en el tiempo. Ya canceló la romería de mañana en O Pino (La Coruña) donde pensaban reunir a Pablo Casado y a unos 4.500 simpatizantes, y tras prohibir el Gobierno las concentraciones de más de 1.000 personas también saltó por los aires el gran acto central de campaña de los populares, el tradicional mitin en la plaza de toros de Pontevedra, con más de 10.000 personas previstas.

En cascada, el resto de partidos han ido secundando al PP. El BNG fue el primero en sumarse a la cancelación de actos durante los próximos tres días, y tras él Ciudadanos y la coalición Galicia en Común. Pontón y Gómez Reino se han abierto a la cancelación electoral siempre que responda a un planteamiento de los expertos que evite la propagación del virus. Los socialistas gallegos, por el contrario, solo comunicaron su intención de desconvocar «los actos con gran afluencia de público», por lo que su candidato previsiblemente sí tendrá agenda estos días, no sin cierto malestar interno. Precisamente Gonzalo Caballero ha sido el más reacio en las últimas horas al aplazamiento de las elecciones, llegando a decir que España ya había votado en el pasado en circunstancias tan difíciles como el 11-M o los asesinatos de ETA.

Caballero ya recondujo ayer su desafortunado argumentario y, a través de una nota, el PSdeG introdujo «tres condiciones» para apoyar una hipotética suspensión electoral: «que se haga con todas las garantías, que así lo fijasen las recomendaciones sanitarias y que exista encaje legal para hacerlo». Esta última exigencia bien podría ser el asidero del candidato socialista para oponerse al aplazamiento y romper así el consenso imprescindible del que hablaba la JEC. Votar el 5-A en el actual estado de alarma social, principalmente entre el electorado de más edad –tradicionalmente conservador–, podría llevar a una alta abstención y beneficiar a la izquierda. Y el PSOE lo sabe.