La Fiscalía pide mantener las elecciones el 14-F

En todo caso, el TSJC ya tiene sobre la mesa el informe de la Fiscalía, que recuerda que aquí no se trata de determinar si la grave coyuntura sanitaria justifica el aplazamiento electoral. Lo que está en discusión, insiste, es si el ordenamiento jurídico vigente permite aplazar unas elecciones autonómicas ya convocadas , y, en su caso, en qué supuestos, mediante qué procedimiento y con qué garantías puede hacerse. En síntesis, no se trata de valorar el aparente conflicto de intereses entre la salud de la ciudadanía y su derecho a participar en las elecciones, si no "en analizar si tal disposición impugnada es capaz de superar un mínimo análisis de adecuación a la legalidad" .

En definitiva, la Fiscalía no dice que las elecciones deban celebrarse sí o sí el 14 de febrero, si no que pone en cuestión el procedimiento usado por la Generalitat para suspender la convocatoria, que ella misma dictó el pasado 21 de diciembre para celebrar las elecciones el 14-F. en este sentido, el Ministerio Púbico concluye que ni el Estatuto ni la Ley Orgánica de Régimen Electoral Central (LOREG) contemplan "la posibilidad de suspender ni aplazar unas elecciones ya convocadas" . Cabe recordar que Cataluña se rige por la LOREG estatal pues es la única comunidad autónoma en la que los partidos políticos no han logrado nunca ponerse de acuerdo para promulgar una ley electoral propia.

La Fiscalía advierte del "más que previsible riesgo de inseguridad jurídica" que supondría, como pretende la Generalitat, suspender las elecciones, lo que además llevaría a un "aplazamiento posterior e incierto" , pues la situación podría prolongarse "por tiempo indeterminado" dada la situación epidemiológica. En este sentido, la Fiscalía argumenta que la situación es esencialmente la misma ahora que cuando la Generalitat puso esa fecha electoral, e insiste en que, si hubiera un «interés superior» derivado de la pandemia, la administración autonómica debería darle una «cobertura normativa» distinta. "El problema no estribaría en la insuficiencia del ordenamiento jurídico, sino en la elección y correcta aplicación de los instrumentos normativos disponibles que resulten idóneos para dar solución a la cuestión", recalca el Ministerio Público en su escrito.

Y la situación de Cataluña, dice la Fiscalía, no es la misma de Galicia y el País Vasco, que el pasado año también aplazaron sus respectivas elecciones autonómicas por la pandemia. En primer lugar por que entonces había un confinamiento domiciliario. "No había lugar a valorar la oportunidad o la conveniencia de suspender los comicios", dice la Fiscalía, ya que eran las propias restricciones del estado de alarma las que imposibilitaban la "movilidad imprescindible para su celebración".