El Covid dispara los recursos para evitar estar en las mesas

Los recursos para esquivar las temidas mesas ya ha desbordo a las juntas electorales. Las alegaciones de cara a las próximas elecciones catalanas del 14 de febrero se han multiplicado. La Junta Electoral de Barcelona tenía ya sobre la mesa a fecha 29 de enero un total de 3.250 recursos, según datos recopilados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Una cifra que todavía podría llegar a doblarse, según explicó el martes en Catalunya Ràdio Santiago Garcia, juez que integra la Junta Electoral de Barcelona.

En otros comicios lo habitual era que el número de recursos rondara los 200, por lo que de cara al 14-F las alegaciones se han multiplicado ya por 17. Esta tónica se mantiene en otras juntas electorales de zona. El aumento de recursos responde, obviamente, a la pandemia. Si antes predominaban las alegaciones por motivos laborales, ahora se imponen las sanitarias. Por eso desde la Junta Electoral de Barcelona reclaman poder contar con el apoyo de médicos para resolver una por una las alegaciones relacionadas con el Covid.

Los motivos alegados son variados, pero con el denominador común del miedo al contagio. Cristian, un barcelonés de 37 años llamado como suplente a una mesa del distrito de Sarrià, tiene un bebé de tres meses y «pánico» de que pueda tocarle quedarse en la mesa si el titular no se presenta. En una charla con ABC se mostró indignado por el riesgo que cree que correría todo el día en el colegio y lamenta que la primera vez que le llaman coincida con la pandemia. Cristian ha sido uno de los más de mil miembros de mesas que en una carta, aun sin respuesta, pidieron amparo al Síndic de Greuges -defensor del pueblo catalán- al verse «desamparados». ¿Y qué sucede si alguien no se presenta?

Podría incurrir en un delito electoral tipificado en el artículo 143 de la Loreg. Sin embargo, la Fiscalía acaba archivando el 70 % de las denuncias tras analizar las excusas e impedimentos alegados por los implicados, así como la manera en que se notificó su designación. Y en el caso de llegar a juicio, aunque el delito podría acarrear penas de prisión de tres meses a un año o la multa de seis a 24 meses , lo habitual es que el desenlace sea una sentencia de conformidad entre la Fiscalía y el investigado con una pena de multa. El importe depende de la capacidad económica del imputado , pero los antecedentes penales quedan en el historial.