El Tribunal de Cuentas activa el reintegro de las ayudas ilegales pagadas en los ERE de Andalucía
Abre una serie de procedimientos para determinar la responsabilidad contable por las subvenciones irregulares a la prejubilación abonadas en 17 empresas
Se investigan pagos a Delphi, SOS Cuétara o la empresa estatal Tragsa
El Tribunal de Cuentas ha activado ya el proceso jurisdiccional para determinar las eventuales responsabilidades contables que se puedan derivar por la malversación masiva de fondos públicos en los ERE ilegales de Andalucía y, en su caso, para exigir el reintegro a la ... Junta de las cantidades abonadas de forma irregular a las empresas beneficiadas para financiar la prejubilación de sus trabajadores.
La Sección de Enjuiciamiento del órgano del Estado encargado de velar por el adecuado uso de los recursos públicos emitió el pasado 27 de julio una serie de autos y providencias en virtud de los cuales se activaron sendos procedimientos de reintegro por alcance «por las presuntas irregularidades relativas a ayudas sociolaborales a la prejubilación concedidas a trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo» en 17 empresas implicadas de una forma un otra en el caso de los ERE.
Según fuentes del Tribunal de Cuentas, la publicación de estos edictos constituye el primer trámite del proceso del reintegro por alcance y tiene como objetivo instar a los perjudicados, en este caso, la Junta de Andalucía, que habría aplicado recursos públicos a cubrir una contingencia de una naturaleza irregular, a personarse en el caso para solicitar el resarcimiento que corresponda.
A partir de ahí se abriría ya el procedimiento para obtener la información necesaria para determinar si cabe algún tipo de responsabilidad contable y la cuantía a reclamar en tal caso. De hecho en esta fase ni siquiera se enjuicia quién puede ser declarado responsable por esa fraudulenta utilización de fondos públicos. «Ni siquiera hay demanda formulada por lo cual todavía no se sabe contra quién se dirigiría el procedimiento», explican desde el tribunal.
La actuación del Tribunal de Cuentas afecta de momento únicamente a las ayudas sociolaborales concedidas dentro de la trama, que según la investigación judicial se estiman en más de 606 millones de euros y que sufragaron la prejubilación de más de 6.000 trabajadores de empresas en crisis.
Un embrollo político
La decisión de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal, presidida por la nueva consejera Rebeca Laliga -nombrada el pasado mes de noviembre tras el acuerdo entre PSOE y PP para renovar la composición del órgano- se produjo el pasado 27 de julio, apenas 24 horas después de conocerse el fallo definitivo de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que dio por probada la trama de corrupción de los ERE de Andalucía y ratificó las condenas a los ex presidentes socialistas de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, para el que además se decretó su ingreso en prisión.
El procedimiento ahora abierto por el Tribunal de Cuentas abre la puerta a reclamar a los nueve exaltos cargos de la Junta de Andalucía condenados por la trama de corrupción los recursos públicos malversados en ayudas sociolaborales concecidas de forma ilegal, que en su día la Audiencia de Sevilla estimó en más de 606 millones de euros.
Las 19 condenas del caso ERE: 10 cargos deberán entrar en prisión, 6 inhabilitados y 3 quedan absueltos
El Tribunal Supremo ratifica las penas de la veintena de condenados por prevaricación y malversación
Como ya publicó ABC esa lista estaría formada por el expresidente José Antonio Griñán, los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; los exviceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román; el ex director general de Trabajo Juan Márquez y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, ya que el otro condenado era Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo fallecido en octubre de 2020, por lo que su responsabilidad en el caso se extinguió.
La Junta de Andalucía deberá decidir ahora si se persona en el caso como perjudicada para reclamar los recursos malversados a los exaltos cargos condenados. Fuentes no oficiales del Tribunal de Cuentas señalan, no obstante, que en este tipo de casos si la Administración afectada no se persona es la propia Fiscalía del Tribunal de Cuentas la que procede de oficio a reclamar la reparación de los fondos públicos perdidos.
Un grupo de 17 empresas
La primera remesa de autos se centra en las presuntas irregularidades cometidas en los planes de prejubilación de 17 empresas vinculadas al caso de los ERE en Andalucía, en las que se comprometieron ayudas por decenas de millones de euros y se amparó la concesión de ayudas públicas ilegales a modo de pagas vitalicias o complementos de jubilación al menos a medio centenar de personas que no tenían ningún vínculo con las empresas en problemas. Son los llamados intrusos de los ERE, entre los que se cuentan dirigentes sindicales y personas con vínculos con exaltos cargos socialistas de la Junta.
Las estimaciones manejadas durante el procedimiento judicial apuntaban a que la trama concedió ayudas a 104 intrusos sin ningún vínculo con las empresas beneficiarias de los ERE y que, además, abonó comisiones por encima del mercado a un puñado de intermediarios por colaborar en la trama de los ERE.
Un Gobierno de asalto a las instituciones para un país en economía de guerra
El Gobierno planta cara a la inflación con impuestos y prohibiciones: leña al fuego de una recesión económica que pinta una España más cerca del «exprópiese» de Nicolás Maduro que de los países de la zona euro. Pedro Sánchez pone a los españoles en economía de guerra
La exigencia de reintegro de recursos públicos, sin embargo, podría no limitarse a estos dos eventos y ampliarse a las ayudas concedidas a los más de 6.000 trabajadores prejubilados, ya que algunas se concedieron esquivando el procedimiento reglado y por tanto de manera ilegal.
Las ayudas a empresas incluidas en este primer proceso son las de ABB Power Technology, Astilleros de Huelva, Bonpunt, Tragsa, Complejo Bodeguero Bellavista, Industrias del Guadalquivir, Novo Comlink, Compañía Minera del Marquesado, Delphi, Graficromo, Gres de Vilches, Hitemasa, Minas y FIA-UGT Almagrera, Primayor Alimentación, Promi Muebles de Madera, Manufacturera Española del Corcho y SOS Cuétara.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete