Los trabajadores con sueldos blindados ante el IPC se duplican pese al veto de la CEOE

La discrepencia entre CEOE y sindicatos en torno a la generalización de estas cláusulas en los convenios fue precisamente el elemento dinamitador de las negociaciones para cerrar un acuerdo salarial. La patronal se negó entonces a que los empleadores incluyeran de forma generalizada este tipo de cláusulas en sus acuerdos con los trabajadores, que obligan a que en cierto momento las empresas tengan que cubrir la desviación entre la subida inicial pactada y la evolución de la inflación. De hecho, el propio Banco de España ya advirtió de esta circunstancia antes del verano tras detectar que estas cláusulas estaban ganando peso en los convenios colectivos.

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Luis García López

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Ahora, con los datos de cierre de julio ya disponibles, se observa una doble tendencia. Por un lado, cae el número de convenios que incluyen estos dispositivos que obligan a revisar el incremento salarial en función del IPC; pero, al mismo tiempo, se duplica el número de trabajadores protegidos por esta garantía. Aunque se observa una labor de contención por parte de las empresas, también se aprecia cómo la presión de los sindicatos en las negociaciones a nivel de centro de trabajo está haciendo valer el impacto de la subida de los precios, que se sitúo en un desorbitado 10,8% en julio.

Los últimos datos que ofrece el Ministerio de Trabajo apuntan que hasta el mes de julio se registraron en España 2.428 convenios en empresas -un nivel similar al de hace un año-, de los cuales 358 incluyeron cláusulas de revisión salarial, un 14,7%. El año pasado por estas fechas había 406 convenios con este tipo de cláusulas, que alcanzaban al 18% de los convenios.

Las cifras parecen dibujar un escenario de repliegue de las subidas salariales, auspiciado por la recomendación de la CEOE, que pidió tras romperse las negociaciones con UGT y CCOO que los incrementos se situasen en el entorno del 2,5%. Sin embargo, eso no ha impedido que crezca la presión sobre los costes de las empresas.

Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo revelan un incremento exponencial del número de trabajadores protegidos por estas cláusulas de garantía salarial, pese a haber menos convenios los que las recogen. Mientras que hasta julio del pasado año había 846.686 trabajadores protegidos por estas cláusulas, este año esa cifra se ha disparado hasta los 1.737.503 trabajadores, más del doble.

La incorporación de estas cláusulas no funciona como una tabla rasa que compensa las subidas acordadas hasta alcanzar la cota que marque el IPC medio de final de año, sino que en algunos casos estas condiciones activan palancas para mitigar la pérdida de poder adquisitivo sin que ello implique incrementos de hasta el 8% como el IPC previsto para el conjunto del año. Ahora bien, la estadística refleja claramente cómo la incorporación de estos condicionantes en la negociación colectiva sí que implican a fin de cuentas incrementos salariales mayores que en las empresas que no regulan estas garantías salariales.

El avance de la evolución de los sueldos en las empresas con cláusulas de garantía de revalorización indica que hasta julio estos subieron un 2,78%, mientras que en el resto las remuneraciones se incrementaron un 2,49%.

La prueba de que este año hay una mayor presión sobre los costes laborales es que hace un año por estas fechas los convenios con cláusulas de revisión salarial presentaban una subida media del 1,52%, lo que atestigua que la inflación ha impulsado un 82% la revalorización de las nóminas.

Además, hay una elevada concentración sectorial de los convenios que incluyen este tipo de herramientas de protección del poder adquisitivo de los trabajadores. De los 358 que las aplican, 213 convenios corresponden a empresas industriales y otros 139 a empresas del sector servicios. Solo un convenio en la construcción y otros cinco del campo aplican estas condiciones salariales.

La presión social puede impulsar la extensión de las garantías salariales o al menos de subidas más allá del 2,5% que pidió acotar la patronal. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha llamado en las últimas horas a la protesta social en la calle para alentar un nuevo incremento del SMIy forzar a los negociadores empresariales a aceptar subidas más altas de los salarios.