La presión fiscal y el gasto público llevan a España a la cola de la OCDE en libertad económica

La medición resulta más oportuna que nunca, pues en este indicador está una de las claves de por qué muchos españoles no sienten que su calidad de vida ha mejorado a pesar de los récords de crecimiento económico que se viene anotando nuestra país del final de la pandemia a esta parte y que el Gobierno se afana en divulgar.

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Para los investigadores del IEE, la razón fundamental que explican este desajuste entre la macroeconomía y la economía de las familias está en la productividad y en las trabas que han impuesto sucesivos gobiernos. Cuando las empresas operan en un entorno con menos impedimentos regulatorios y mayor seguridad jurídica pueden invertir, hecho que «favorece una asignación más eficiente de los recursos, mejora la competitividad y genera empleos de mayor calidad», se lee en el informe. Por el contrario, los obstáculos fiscales o regulatorios reman en la dirección opuesta, explican desde el IEE.

Ahí está la clave, pues el informe de Libertad Económica 2025 indica que el tamaño del Estado es el factor que más ha contribuido al mal resultado de nuestro país. Dentro de los indicadores medidos, en 'salud fiscal', una variable que analiza los niveles de deuda y déficits públicos, España está 27,7 puntos por debajo de la media de la OCDE. No hay que olvidar que actualmente las Administraciones deben la friolera de 1,6 billones de euros, un 102,3% del PIB, y el déficit cerró 2024 en un 3,15% del producto interior bruto. En 'gasto público', por su parte, que es un indicador que mide las oportunidades de inversión privada que se pierden por detraer recursos a empresas y familias, España está 10 puntos detrás de la media; y en carga impositiva -daño directo causado por los impuestos-, 8,2 puntos por debajo.

El quid de la cuestión está en que existe una relación positiva entre la libertad económica y la productividad y, por extensión, entre la libertad económica y el ingreso por habitante y PIB per cápita. En el caso de España, la eficiencia de los trabajadores ha aumentado apenas un 0,4% en la última década (el 5º país de la UE-27 con menor incremento), lo que ha afectado negativamente a las otras variables.

De hecho, de todas las variables que forman el Índice de Libertad Económica, nuestro país solo está por encima de la media en cinco de ellas: en derechos de propiedad (el nivel de garantía que ofrece el Estado sobre las propiedades de las empresas); en flexibilidad laboral, con un +0,6%; en estabilidad de la política monetaria (aquí habría que matizar que este extremo depende del BCE), con un +5%; en apertura comercial, con un +4,8%; y en libertad de empresa, con un +1,7%.

En este último indicador, que mide la capacidad de una persona para establecer y dirigir una empresa sin interferencias indebidas por parte del Estado, parecería que nuestro país está relativamente bien. Sin embargo, si la comparación se realiza con los países más desarrollados la diferencia se ensancha hasta el 11%. Esto explica, según se lee en el estudio, que el Excedente Bruto de Explotación de las empresas españolas (la actividad menos los costes de producción) represente actualmente menos del 42% del PIB frente el 44% de 2018. Valga también este dato, y es que en la última década la rentabilidad de las mercantiles españolas ha caído un 1,5% con respecto a la década anterior. España también suspende, por su parte, en efectividad judicial (-8,3%), buen gobierno (-7,5%), facilidad inversora (-3,6%) y solvencia financiera (-8,4%).

Merece la pena detenerse en el apartado 'salud fiscal', pues más allá de las cifras macro, los analistas del IEE identifican una serie de abusos impositivos e ineficiencias del sistema que lastran la competitividad. Por ejemplo, la alta conflictividad entre los contribuyentes y la Agencia Tributaria; si en 2019 se registraron 180.916 reclamaciones ante los Tribunales Económico-Administrativos, para 2023 esa cifra ya había ascendido a 239.177, un 30% más. Además, el 49% de las reclamaciones resultaron fundadas, lo que ha obligado a Hacienda a doblar los fondos que destina a reembolsos (1.112 millones en 2023). A esto se suman el impuesto de Patrimonio, que aplican solo tres países en Europa -incluida España- u otros gravámenes sobre la riqueza como la llamada 'Ley Beckham', medidas que según el IEE asustan la inversión.

Con todo, en 2023 nuestro país marcó un récord histórico de recaudación fiscal, un 6% más que en 2022. Y mientras esto ocurría, la inversión extranjera directa ha caído hasta situarse a 18.000 millones de distancia del máximo de 2018. Durante la pandemia, explican los expertos del IEE, numerosos países abandonaron de forma precipitada los principios de la libertad económica, pero la singularidad de España es que aún no ha convergido con el resto de la UE en este campo.