EE.UU. completa su reforma financiera

El texto de 2.300 páginas, respaldado el mes pasado por la Cámara Baja con 237 votos a favor y 192 en contra, será promulgado en breve por el presidente Obama que pese a sumar grandes reformas en su historial no consigue todavía superar el lastre generado por las incertidumbres económicas de Estados Unidos. Tras la firma en la Casa Blanca, el gran reto será la aplicación de las nuevas reglas que según Wall Street reducirán sus márgenes de beneficio.

La conocida como Ley Dodd-Frank (en honor de sus timoneles del Partido Demócrata: el senador Christopher Dodd y el diputado Barney Frank) aspira a poner en práctica las dolorosas lecciones aprendidas en torno a la crisis del "subprime", el colapso hace 22 meses de Lehman Brothers y todas sus ramificaciones internacionales. El nuevo marco legal incluye desde una profunda reestructuración de los actuales poderes de control hasta mayores protecciones para los consumidores de productos financieros, en parte a través de una nueva agencia con amplios poderes.

Además, la legislación impone mayores requisitos de capitalización a la banca y facilitará la liquidación de instituciones en apuros que hasta ahora han sido rescatadas bajo el argumento de ser «demasiado grandes para caer». Entre los aspectos más polémicos figura la limitación a las operaciones especulativas de los bancos con sus propios fondos. Requisito conocido “regla Volcker”, por haber sido impulsada por Paul Vocker, el ex presidente de la Reserva Federal.

La reforma también impondrá una supervisión más estrecha del mercado de derivados, pero no en los estrictos términos contemplados en un principio. Ya que como resultado del tira y afloja parlamentario, los bancos tendrán que prescindir y segregar únicamente los derivados más especulativos. Aunque seguirán con el lucrativo negocio de especular con tipos de interés e incluso también con los seguros contra riesgo de impago (los notorios “crédit default swaps”).

La Reserva Federal también aumentará su capacidad de supervisión y será sometida a los mayores niveles de transparencia en sus 96 años de historia. Este aluvión de cambios también afectará a la industria de las agencias de calificación de crédito, que se verán sometidas al dictado de una nueva entidad casi gubernamental para dirimir sus polémicos conflictos de intereses. Además de abrirse la puerta a querellas de inversores perjudicados en casos de negligencia.