El Constitucional luso considera «discriminatoria» la suspensión de pagas extra a los funcionarios

El Gobierno conservador portugués suspendió desde 2012, y en principio hasta 2015, las pagas extras de verano y navidad a los funcionarios públicos y los pensionistas. La medida, una de las adoptadas para reducir el gasto público, fue muy contestada desde la oposición de izquierdas y los sindicatos, que hoy pidieron de inmediato que los recortes se anulen y no se extiendan al sector privado.

Desde el Gobierno, el primer ministro portugués, en un breve comentario a medios lusos, consideró que los presupuestos del Estado para 2013 deberán incluir medidas de ahorro "equivalentes" a la cuestionada por el Tribunal y aplicables a todos los ciudadanos y no solo a los funcionarios. Según medios estatales, la decisión del Constitucional, que obligará a cambiar las medidas anticrisis del Gobierno, fue respaldada por una amplia mayoría de nueve de sus doce magistrados.

El Tribunal argumenta en su dictamen que el "principio de igualdad" debe aplicarse a todos los ciudadanos a la hora de ayudar a sustentar las cuentas públicas. Pero los cortes salariales a los funcionarios suponen, de acuerdo con el Constitucional, "la imposición de un sacrificio adicional que no tiene equivalente para el resto de ciudadanos".

La suspensión de las dos pagas extraordinarias anuales en el sector público y el sistema nacional de pensiones aplicada a partir de los 600 euros de retribución, varía según el importe de la remuneración y puede llegar hasta el cien por cien, en función de los ingresos del beneficiario.

La medida, que supone unas ahorros para el Estado de cerca de 2.000 millones de euros, fue calificada como "temporal" por el Gobierno luso, que manifestó su confianza de eliminarla de forma gradual a partir de año 2015, aunque sin comprometer una fecha concreta para la recuperación completa de ambas pagas. Esa reducción salarial, junto a medidas laborales generales para todos los trabajadores como la reducción de días festivos y de vacaciones, fueron parte de los varios paquetes de austeridad aprobados por el Ejecutivo de Pedro Passos Coelho para reducir el déficit fiscal desde que llegó al poder en junio de 2011.

El Constitucional decidió que su resolución no se aplique este año porque el ejercicio financiero de 2012 se encuentra "en un estado avanzado" y se pondrían en riesgo los objetivos presupuestarios.

Portugal puede tener dificultades para cumplir este año su objetivo de dejar el déficit fiscal en el 4,5% por la reducción, menor de lo esperada este año, del desequilibrio entre gastos e ingresos del sector público. La fuerte caída del consumo en el país ha derivado en un descenso cercano al 3% de los ingresos recaudados por el Estado vía impuestos durante los cinco primeros meses del año.

La decisión del Constitucional se ha producido a raíz de una petición presentada el pasado 19 de enero por 25 diputados lusos, 17 pertenecientes al Partido Socialista y el resto al marxista Bloque de Izquierda. Desde los sindicatos portugueses y la otra gran fuerza de la izquierda parlamentaria, el Partido Comunista, se cuestionó hoy que la decisión del Tribunal no haya invalidado este mismo año los recortes si los considera inconstitucionales.