La caída del segundo imperio de la abeja

El 23 de febrero de 1983, el primer Gobierno socialista de Felipe González expropió Rumasa. El Estado calcularía después que le costó 625.000 millones de pesetas de entonces sanear las empresas del holding o liquidarlas. El peculiar empresario y propietario del grupo, José María Ruiz-Mateos, nunca aceptó que aquella acción estuviera justificada.

Durante una década desarrolló todo tipo de ardides para llamar la atención. Su hija Paloma lanzó una tarta a la cara de Isabel Preysler, la nueva esposa del exministro Miguel Boyer, que decidió la expropiación. El empresario se disfrazó de Superman, profirió frases más cómicas que amenazantes -`Que te pego, leche!-, y declaró estar en posesión de cintas del Centro Superior de la Defensa (CSID). Tras huir a Londres, fue extraditado desde Francfort, pasó por la cárcel en tres ocasiones y hasta consiguió ser elegido representante de su propia formación política en el Parlamento Europeo. Todo ello con el propósito de defender su causa. Los tribunales le dieron en parte la razón. Aunque el Tribunal Constitucional bendijo la expropiación, José María Ruiz-Mateos, fue absuelto de los delitos de falsedad y estafa.

Al Ruiz-Mateos de la primera Rumasa, entonces bautizada como 'el imperio de la abeja', le perdió su aspiración de ser, además de empresario, un banquero como los grandes. Entre 1961 y 1982 acumuló cientos de sociedades de toda naturaleza, con la colaboración, en muchos casos, de autoridades que veían en Rumasa la única opción para colocar empresas en ruinas. Todavía en los primeros ochenta se hizo con Fidecaya y Galerías Preciados en esas condiciones. Los almacenes se los colocó el Banco Urquijo, y Fidecaya, una sociedad dedicada a la capitalización de ahorro popular, nada menos que el Ministerio de Hacienda.

Cuando los socialistas llegaron al poder en 1982, Rumasa era el primer conglomerado privado de España. Nada transparente, eso sí, integraba en su trama visible diecisiete bancos a los que hubo que sumar otros dos al conocerse las entretelas del negocio. En el Banco de España se acumulaban las sospechas sobre la trayectoria de Ruiz-Mateos, y las alarmas saltaron con la adquisición de la mayoría del capital del Atlántico, porque Ruiz-Mateos pagó la compra con créditos que el Banco del Noroeste -de su propia red- concedió a algunas de sus sociedades de cartera.

La gran crisis bancaria registrada entre 1977 y 1985 seguía su curso -habían caído Banco de Navarra, el Urquijo, Banca Catalana- y cuando un bisoño Miguel Boyer declaró, el 18 de febrero, en un almuerzo con periodistas en el ministerio y tras una larga comparecencia parlamentaria, que si Rumasa no colaboraba con la auditora Arthur Andersen tendría que vérselas con los inspectores del Banco de España, los acontecimientos se precipitaron. Con datos incompletos, un informe previo del instituto emisor ya apuntaba la existencia de una Rumasa sumergida y sugería ajustes que dejaban reducido un patrimonio declarado de 116.000 millones de pesetas a la cifra de 4.979 millones de pesetas.

El miércoles, 23 de febrero, el Consejo de Ministros se reunió dos veces para estudiar las medidas legales sugeridas por el Banco de España y, al final, se decantó por la más drástica. En el telediario nocturno de TVE, el portavoz del Gobierno, Eduardo Sotillos, dio directamente la noticia de la expropiación de Rumasa. El grupo debía 17.549 millones de pesetas a Hacienda y otros 10.774 millones a la Seguridad Social.

Mientras se prodigaban sus acciones de protesta, Ruiz-Mateos y su extenso y compacto clan familiar emprendieron la reconstrucción del grupo empresarial. Empezaron por las bodegas, continuaron por la compra del club de fútbol Rayo Vallecano y prosiguieron con la recuperación de Chocolates Trapa. El nuevo conglomerado creció poco a poco, hasta su actual constitución. Diez de las principales empresas, Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Ibramer, Trapa, Carcesa, Quesería Menorquina y el Rayo Vallecano se han acogido ahora al procedimiento concursal.