Piden dos años de cárcel para cuatro directivos de Iberdrola y una multa de 85 millones por una presunta manipulación de precios

Este caso tiene su origen en unas graves acusaciones que hizo a ABC en diciembre de 2013 el entonces ministro de Industria e Energía, José Manuel Soria, que denunció que «la subasta (mecanismo que fijaba entonces el precio de la electricidad) se ha manipulado de forma burda». Soria estaba indignado porque el resultado de esa subasta determinaba una insólita subida de la tarifa regulada a partir del 1 de enero de 2014 del 10,5%. Este hecho propició que el Gobierno cambiara la forma de determinar los precios de la electricidad. La vista oral ha comenzado en la sede del tribunal en San Fernando de Henares y está previsto que continúe, al menos, hasta el 1 de diciembre.

Dos directivos de Iberdrola, uno ya jubilado, han negado en el juicio que hubiera por parte de la eléctrica ninguna "consigna ni estrategia" y que el precio al que se ofertaba la energía al mercado se fijaba de forma automática.

Así se han pronunciado tanto el primero de los encausados en comparecer en el plenario, Ángel Chiarri, quien fuera director de Gestión de la Energía de la eléctrica, como Gregorio Relaño, que entonces era responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading.

En esta primera jornada, en la que se han ventilado de forma rápida las cuestiones previas, el interrogatorio al primero de los encausados ha girado en torno a conocer cómo Iberdrola fija el precio de la energía que oferta y qué situación llevó a sacar de la oferta la electricidad generada por las centrales hidráulicas -energía que por su forma de producción es más barata- algo que produjo un incremento de la factura de la luz para los consumidores, informa Ep.

Chiarri, que ha tratado de explicar el complejo sistema utilizando metáforas, ha sintetizado en un momento dado, para sorpresa tanto del juez como del fiscal, que en Iberdrola se fijaba el precio de la energía por medio de "una máquina", "una herramienta informática que ordenaba los datos" que tenían y que vertían en la misma teniendo en cuenta diferentes variables tales como previsiones de lluvia, situación del viento o incluso problemas geopolíticos que pudieran producir un incremento del precio en la importación del gas.

Al hilo, tanto él como Relaño, han explicado que cada jueves se celebraba una reunión de planificación para decidir la oferta que se llevaba al mercado y que se traducía en el denominado "plan semanal", plan que se mandaba a todo el organigrama directivo de la energética. Ese plan, ha explicado Chiarri, era elaborado gracias a la introducción de las variables en el sistema, por lo que han insistido en que el precio se generaba de forma "automática". "Es un protocolo de actuación, pero dentro de eso está la estimación necesaria de producción, ahí hay intervención humana", ha matizado.

Con todo, Chiarri ha insistido en que "lo más relevante" es que el precio se marcaba de forma automática e Iberdrola no podía manipular eso, y ha llegado a añadir que incluso en los días en cuestión que son objeto del juicio la empresa perdió dinero.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, envió en julio de 2022 al banquillo a la compañía y a sus directivos por un delito relativo al mercado y a los consumidores. En un auto, el juez detallaba que, «para conseguir» un «mayor precio en el mercado eléctrico», aumentaron el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo entre noviembre y diciembre de 2013.

Y lo hicieron, añade, «a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones, a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad«. »Esta situación determinó la retirada de programación de las centrales referidas, esto es, dejaron de producir energía«, añade el juez.

Esa decisión fue adoptada, sostiene, por el equipo directivo de Iberdrola compuesto por el director de Gestión de la Energía y los responsables de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; Gestión de Activos; y Mercados a Corto Plazo y Generación Global.

Para los cuatro directivos la Fiscalía solicita, respectivamente, la pena de dos años de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria, comercio, relacionado con la generación o comercialización de energía eléctrica, y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

El Ministerio Público pide igualmente que se imponga a Iberdrola Generación una pena de multa de 84.891.272 euros -el cuádruple del beneficio obtenido- así como el decomiso de las ganancias obtenidas.

En su auto, el instructor detallaba que Iberdrola quebrantó «el orden de mérito de las centrales en el despacho de producción, provocó la reducción de generación eléctrica de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, y, como consecuencia, que las operaciones de compra se casaran con la energía procedente de las centrales de ciclo combinado, de coste superior y en un rango de precios también más elevado situado entre los 80/90 euros/MWh frente a la media de precios de la energía proveniente de las centrales hidráulicas situado en 45/55 euros/MWh».

Fue a partir del 24 de diciembre de 2013, cuando «el cambio de las condiciones meteorológicas por fuertes borrascas y viento provocó la reducción del precio de la energía por la importante aportación de fuentes renovables».

«La consecuencia del artificio urdido y llevado a cabo por los acusados fue la subida del precio de la energía eléctrica en, al menos, 7,156 euros/MWh, que ocasionó un perjuicio a la demanda de, al menos, 107.340.000 euros, teniendo en cuenta que la misma en el período objeto de acusación fue de 15.000 GWh y que el mayor coste dimanante de la actuación de Iberdrola, como antes hemos señalado, fue de 7,156 euros/MWh«, apuntaba el magistrado. Solo en ese periodo la compañía despachó un total de 2.965.779 megavatios, »lo que le supuso un beneficio de 21.222.818 euros«, lo que habría provocado perjuicios a distintas comercializadoras de esa energía.

El juez impuso a cada uno de los directivos la prestación de una fianza por un importe total de 107.534.666 euros. En concreto, 194.666 euros serían para garantizar el pago de las multas y los 107.340.000 euros restantes para garantizar el pago de las responsabilidades civiles.

El magistrado acordó en julio de 2022 que Iberdrola Generación prestara fianza por un importe total de 192.231.272 euros. Así, 84.891.272 euros serían para garantizar el pago de las multas y los 107.340.000 euros restantes para garantizar el pago de las responsabilidades civiles que se deriven.Ese último importe, el de la responsabilidad civil, serviría «de indemnización a las comercializadoras de energía eléctrica y al resto de personas físicas y jurídicas que acrediten, como consumidores finales de energía eléctrica o garantes de los precios de la energía, haber sufrido o verse afectados por el incremento los precios de la energía en el período de 30 de noviembre a 23 de diciembre». De esa cantidad responderán «conjunta y solidariamente» todos los acusados.

Fuentes de Iberdrola han afirmado que presentarán pruebas e informes de expertos independientes para demostrar que la actuación de la compañía fue la correcta. Incluso, subrayan que en aquellas fechas la empresa fue compradora de energía por la sequía, por lo que «no tiene sentido que los precios fueran más caros».

También destacan que la CNMC tramitó el asunto por la vía administrativa y «no vio ningún ilícito penal». En cualquier caso, han mostrado su confianza en la Justicia.