Paréntesis inversor por el intervencionismo creciente de Sánchez

Fuentes financieras consultadas por ABC explican que los potentes fondos de capital riesgo que frenaron en seco su actividad desde el mismo día que Trump anunció aranceles generalizados de al menos el 10%, deslizan en reuniones privadas al otro lado del Atlántico que la situación de parálisis no se ha revertido al completo en el caso de sus posiciones en el mercado español.

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Susana Alcelay

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Las fuentes coinciden en que las alarmas volvieron a saltar en sus pantallas cuando Pedro Sánchez anunció el pasado 5 de mayo en Barcelona, ante una audiencia repleta de grandes empresarios catalanes, una consulta pública inédita sobre la opa de BBVA a Sabadell. Quiso –dicen– armarse de argumentos y apoyos contra una operación que siempre ha rechazado, y en base a criterios de «interés general», ya que no puede utilizar los de competencia, tal como exige la ley. «Lo de la consulta pública es otro paso más en la creación de un escenario de inseguridad jurídica. Las operaciones de inversión están paralizadas de facto y no sólo en compra y venta de participaciones sino de refinanciación», asegura Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Freemarket.

Los expertos consultados recuerdan que los grandes fondos internacionales huyen de mercados en los que la mano intervencionista del Gobierno se advierte más allá de las empresas e instituciones públicas. Muchos de ellos se pusieron ojo avizor con sus posiciones en Telefónica, desde que el Ejecutivo decidió que el Estado volviera a tener una participación importante en la operadora, dudas que han ido en aumento con la revolución en la cúpula tras la obligada salida del anterior presidente, José María Álvarez-Pallete, sustituido por uno de los suyos, Marc Murtra. Y no les vale la excusa fácil de comparar el caso con lo ocurrido en nuestros vecinos –Alemania, Francia e Italia–, ya que los gobiernos de estos países decidieron no vender parte de sus antiguos monopolios y mantener una posición incumbente.

Según las mismas fuentes, ya se dan demasiadas circunstancias en España que paraliza al capital inversor: los laudos en renovables, la intervención en los mercados regulados, el capricho en las normativas, la entrada del Estado –por ende, el Gobierno– en empresas privadas, y en todos los sectores (con casos concretos en banca, telecos, en el sector eléctrico, en la defensa...), el escándalo familiar que rodea al presidente Sánchez y la ausencia de presupuestos, a lo que se une el enchufismo creciente en empresas públicas y semipúblicas, y la incertidumbre ante los nuevos nombramientos que vienen desde la órbita de ERC y Junts, para mantener su apoyo de cara a permanecer en el poder. «Son -dicen- un cóctel imbatible de incertidumbres para los inversores que miran a España».

Para los expertos en banca de inversión consultados, los fondos de capital riesgo están actualmente volcados en realizar planes de contingencia y estudiar los efectos sobre sus participadas de los distintos escenarios que se manejan. Muchos de ellos, sobre todo norteamericanos, y dueños de un buen puñado de empresas españolas, «han pasado de otear el mercado en busca de dónde invertir la abundante liquidez que ostentan, a adoptar una posición más defensiva ante la incertidumbre que les provoca la mano intervencionista del Gobierno español».

De momento, los grandes inversores han pisado el freno en previsión también de necesitar liquidez adicional en caso de que los partícipes comiencen a pedir reembolsos si la cosa se pone fea. Y a la parálisis del capital privado no ayuda la marcha del capital en el mercado público, la Bolsa, donde los últimos estrenos arrojan una sangría de pérdidas a sus inversores. Cox, la antigua Abengoa, debutó en noviembre del año pasado y, desde entonces, su cotización ha perdido casi un 16%. Hotelbeds, la mayor salida a bolsa que se esperaba este año, se estrenó en febrero y sus inversores pierden un acumulado del 30%.

Los datos de inversión privada en España dan una idea de la situación de parálisis. Han pasado ya casi cinco años del inicio de la pandemia y los niveles de inversión privada que había en 2019 aún no se han recuperado. A finales del año pasado se situaba un 3,5% por debajo, según un informe del la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Una debilidad que preocupa a los estudiosos de la economía y que, de continuar la tendencia, podría suponer pérdida de competitividad y de crecimiento, aseguraba hace unos meses el Instituto de Estudios Económicos (IEE). La incertidumbre sobre la política económica y la regulación empresarial estarían detrás del retraimiento inversor, según uno de los últimos trabajos publicados por el Banco de España.

El hecho de que los tentáculos del Gobierno de coalición hayan entrado hasta el mismo corazón de las empresas para dirigir sus pasos no ayuda. La prohibición de despedir durante la pandemia del Covid-19 a los que hubieran cobrado ayudas públicas, o el anuncio de Yolanda Díaz de volver a hacerlo si Trump lleva a término su amenaza arancelaria, ha sido mal encajado por el mundo empresarial, como también los intentos de frenar la iniciativa privada en sanidad o educación.

Pero si algo miran con lupa los inversores cuando preparan sus estrategias, además de la seguridad regulatoria, son los costes asociados al empleo, que en España están disparados y muy por encima de la media europea. Subidas del SMI del 60% desde 2019, aumento de las bases máximas, mecanismo de equidad intergeneracional, destope de cotizaciones, «cuota de solidaridad»... el alza de impuestos y cotizaciones no tiene precedente, a lo que se une un impulso a cambiar las reglas del juego laboral que genera rechazo.. El registro de jornada, la prevalencia de los convenios autonómicos, la regulación del teletrabajo, la reforma del desempleo, los topes a la temporalidad, el recorte de la semana laboral... Algunas medidas han sido positivas para el mercado laboral, pero otras han venido acompañadas de ruido e incertidumbre, como ocurre con la persistente fragmentación del mercado interior por comunidades autónomas, provincias y municipios. Las empresas tienen que solicitar multitud de permisos y licencias en cada administración, lo que supone un obstáculo para el crecimiento.

Uno de los últimos informes de BEI, la institución dirigida por la ex vicepresidenta y ministra Nadia Calviño, avisó de que el clima político y regulatorio frena la inversión de las empresas en España. La entidad realiza una de las encuestas de referencia en el mundo empresarial y de estos últimos sondeos se desprendía que España es uno de los países europeos que más entorpecen la inversión empresarial. El 73% de las empresas declaró en aquel sondeo que la regulación laboral supone un freno a su inversión, el tercer peor dato de toda la Unión Europea, solo por delante de Chipre y Portugal.