El Gobierno asume que aguantará sin Presupuestos en 2026 tras revisar el PIB al alza

Aunque el discurso oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasa por la vía de la negociación parlamentaria de un proyecto de ley de que están dispuestos a presentar, en los despachos se impone cierto pragmatismo ante el escenario de prórroga. Varias fuentes gubernamentales consultadas por ABC apuntan que las nuevas perspectivas (un crecimiento de hasta el 2,6%), así como la confirmación al alza de los últimos datos oficiales (el PIB creció un 0,8% en el segundo trimestre, una décima más de lo estimado inicialmente), dan margen para que España avance por la mera propia inercia acumulada y que pueda hacerlo así un ejercicio fiscal más, el de 2026. Así, el Gobierno podría llegar a finales del próximo año sin rasguños macroeconómicos y esperar a las elecciones de 2027, como insiste Sánchez públicamente, o anticipar la cita electoral, si lo desea.

La clave de este escenario es el comportamiento de los ingresos y la habilidad que se deriva para acometer gastos. En el primer caso, porque el alza del PIB implica directamente una mejora en la recaudación tributaria de Hacienda. Si en 2024 el fisco pudo ingresar unos 294.000 millones de euros, para 2025 esa cifra se prevé que supere ampliamente los 300.000 millones de euros. Un récord histórico que seguirá en 2026. Y lo hará sin que el departamento dirigido por María Jesús Montero tenga que acometer ningún cambio fiscal. Ni adaptar el IRPF a la inflación, como le viene exigiendo el PP sobre todo desde la crisis de precios de 2022; ni elevar ningún otro gravamen; ni poner en marcha la reforma fiscal que ha quedado guardada en el cajón.

La propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) constata en sus informes que el incremento de la riqueza nacional (el PIB) implica directamente un aumento en la recaudación de Hacienda. Ya está ocurriendo en este 2025 en el que el incremento de la recaudación fiscal, con respecto a lo que se preveía inicialmente, es un 11% superior a la del año pasado, en más de 17.000 millones de euros hasta agosto.

El otro pivote que sostendrá prorrogada la acción de Gobierno son los fondos europeos para la recuperación. Es la gran partida de la que se ha valido el Ejecutivo en los últimos años para sostener la economía, tal y como insisten todos los informes de previsiones actualizados en España y en el extranjero durante este mes de septiembre. Por ahora, España ha recibido 55.000 millones de euros en diferentes tandas. Pero aún le restan 105.000 millones más hasta completar los 160.000 millones previstos. Además, hay 80.000 millones que están a disposición en líneas de financiación.0

Se trata de una cuantía que el Ejecutivo tiene asegurada percibir, después de completar los hitos pendientes ante la Unión Europea, y que implica una inyección de dinero que va directamente a proyectos que desarrollan las empresas. Así será prácticamente hasta agosto de 2026, cerrando un ciclo de expansión que ha jugado como un gran viento de cola, sin necesidad de presentar otras cuentas.

Junto a los impuestos y los fondos europeos, la otra gran partida casi garantizada por la vía de los hechos es la de las cotizaciones. Si las cifras generales de empleo siguen avanzando, como anticipan las previsiones del supervisor bancario y de la organización que engloba a las grandes economías mundiales, el número de afiliados a la Seguridad Social seguirá siendo potente y las cuotas sociales superarán los 165.000 millones de 2024. Eso sí, el pago de las pensiones -que no depende de que haya un presupuesto- deberá contar con más inyecciones del Estado a la Seguridad Social, a razón de unos 50.000 millones de euros al año.

La experiencia acumulada le han demostrado al Consejo de Ministros que pueden seguir gobernando el gasto sin demasiadas limitaciones. «La propia técnica presupuestaria nos da margen para ejecutar partidas», apuntan algunas fuentes del Ejecutivo.

Más allá de las grandes partidas que están comprometidas en todas las cuentas públicas -pensiones, sueldo de los funcionarios, prestaciones por desempleo e intereses de la deuda pública superan ampliamente el 50% del gasto anual-, el Ejecutivo podría realizar movimientos con otros compromisos que le acechan, como el del gasto en Defensa.

A lo largo de los últimos meses ha autorizado gastos para esta materia sin que hayan supuesto ningún problema legal. También podrá hacerlo con más manga ancha con las políticas de vivienda que pueda poner en marcha o «cualquier otro gasto social», apuntan, que pueda surgir a lo largo de los próximos meses.

A pesar de que esta realidad va imponiéndose en las mentes de los ministerios, el Gobierno insiste en presentar su proyecto de ley, el más importante de cada año pero del que España se ha olvidado ya desde el otoño de 2022, cuando Montero presentó la norma en La Moncloa y después la trasladó a la presidenta del Congreso con el conocido como 'libro amarillo', donde Hacienda plasma las grandes cuestiones del Presupuesto.

Este año volverá a incumplir el mandato constitucional de hacerlo antes del 30 de septiembre. Este martes vence ese plazo sin que aún haya visos de llevar el proyecto al Consejo de Ministros. Después pasaría al Congreso, donde tendría que superar las enmiendas a la totalidad que presenten los grupos. Esa será la prueba de fuego para saber si España tendrá un nuevo presupuesto o sigue avanzando por la inercia de la actividad.