Industria aplica a las eólicas una rebaja retroactiva de primas

El pacto, cerrado a última hora de ayer, recortará con carácter retroactivo, según interpretan en el sector, un 35% las primas que reciben las eólicas hasta 2013 y que estaban previstas en el real decreto 661/2007. Los parques ya instalados sufrirán un recorte de las horas con derecho a retribución sobre el precio de mercado.

Una suerte parecida correrá la tecnología termosolar, que se encontrará con un máximo de horas con producción de electricidad subvencionada. En su caso, el marco previsto por Industria opta por aplicar, según indican, una moratoria de un año al impedir el acceso de las plantas termosolares a la opción de vender la electricidad producida en mercado y cobrar además la prima durante ese tiempo.

Fuentes del Ministerio de Industria, sin embargo, consideran que técnicamente no se puede hablar de retroactividad ni de moratoria, porque la legislación española ya preveía modificaciones de las tarifas en 2010.

El objetivo de lo pactado, que según Industria «no compromete la rentabilidad de las instalaciones existentes», es el de garantizar «que las producciones de energía mediante fuentes renovables que se sitúen por encima de la generación esperada no comprometan la sostenibilidad económica del sistema».

El acuerdo alcanzado con la patronal eólica y el primer partido de la oposición incluye adicionalmente una convocatoria especial de 160 megavatios (MW) experimentales para esta tecnología, que computarán en el cupo para 2012. También habrá una convocatoria extraordinaria para determinadas plantas eólicas, cuya potencia conjunta asciende a 300 megavatios (MW), y que, habiendo obtenido el acta de puesta en servicio antes del 30 de abril de 2010, no fueron inscritas en el pre-registro obligatorio.

Queda por saber cuál será el destino de las primas otorgadas a los huertos solares, una de las energías «verdes» que más ha proliferado en España. Fuentes del sector indican que las instalaciones fotovoltaicas han sido excluida del pacto por el elevado volumen de créditos comprometidos por la banca española y diversos fondos extranjeros, que habrían generado presiones en el seno de La Moncloa.