Economistas y constructoras denuncian una sequía concesional en España

Respecto a este punto, el presidente del IEE, Iñigo Fernández de Mesa, ha apuntado que, en la Unión Europea, los países nórdicos y del centro lideran estas métricas en comparación con los del sur y este. Y destacó la colaboración público-privada como modelo de contratación. El informe destaca que la inversión en infraestructuras a través de modelos de contratación público-privada (CPP) registró, durante el periodo 2014-2022, un total de unos 6.300 millones de euros según datos de la patronal de las empresas concesionarias Seopan.

Es una cifra que Fernández de Mesa ha tildado de insuficente ya que en el informe se señala que «bajo el escenario anterior de gasto mínimo necesario en inversión en infraestructuras para cubrir la depreciación, y asumiendo que se mantiene constante el porcentaje de inversión bruta en infraestructuras a través de la CPP, esta debería haber totalizado 28.500 millones de euros durante este periodo, tan solo para sufragar el gasto derivado por el uso y el mantenimiento de estas infraestructuras». Esto habría supuesto incrementar el gasto de inversión en infraestructuras a través de CPP, en promedio por un importe anual aproximado de unos 2.400 millones de euros adicionales.

Durante la presentación del estudio, el presidente de Seopan, Julián Núñez, ha destacado la «oportunidad» que existe con la adenda del Plan europeo de Recuperación dotada de 66.000 millones de euros en préstamos financieros para la colaboración pública privada. Sobre este modelo, el documento resalta ventajas como el que se produce un ahorro significativo debido a la generación de beneficios derivados de economías de escala y el reparto de los riesgos asociados a los proyectos entre el ente público y el socio privado.

«Además, la transferencia del riesgo de construcción en los contratos de concesión genera, habitualmente, menores desviaciones en los presupuestos y las ofertas suelen estar mucho más ajustadas». Núñez puso como posible destino de financiación de la adenda, los planes hidrológicos del tercer ciclo, que incluyen una inversión de 2.000 millones de euros en el ámbito de las entidades locales y que apunta a que podría gestionarse con el Fondo de Resiliencia Autonómica, que abarca 20.000 millones de euros gestionados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Por otro lado, el documento también denuncia el déficit en mantenimiento de las infraestructuras. El think tank de CEOE y Seopan creen que si bien es cierto que España presenta una dotación de capital público en infraestructuras elevada y competitiva, «existe un significativo porcentaje de la opinión pública que considera el gasto público en infraestructuras durante los últimos años ha sido claramente insuficiente para cubrir las necesidades de mantenimiento y depreciación del capital, como para cubrir los requerimientos que el crecimiento económico ha generado en dicho periodo».

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En este sentido, los impulsores del estudio creen que «resulta evidente» que la inversión anual debió ser aproximadamente 1.300 millones de euros más alta en el período 2014-2022. «Además, considerando la evolución económica, para mantener la relación entre el stock de capital público neto y el PIB en el promedio de ese período (un 42%), la inversión bruta anual necesaria habría sido de aproximadamente 6.400 millones de euros más que la inversión realizada finalmente», refleja el informe.