La CEOE denuncia en Bruselas que el Gobierno «socava la libre competencia» por el alud de contratos a Tragsa e Ineco

En una carta dirigida al Comisario del Mercado Interior, Thierry Breton, a la que ha tenido acceso este periódico, el líder de los empresarios denuncia que la situación «socava la libre competencia» e insta a la Comisión Europea a analizar «con rigor» la situación para que se estudien medidas que solucionen el problema. «Esta práctica deteriora el entorno empresarial, restringe y socava la libre competencia. Además, las empresas públicas internas tienden a subcontratar parte de sus actividades, lo que también distorsiona el proceso de licitación pública», se denuncia en la misiva en la que también se apunta a que ambas entidades incluso se ven obligadas a aumentar su plantilla contratando profesionales de empresas privadas, «agravando la actual escasez de personal que ya sufre el sector privado».

Garamendi recuerda a Bruselas que aunque esta preocupación por el uso excesivo de prestaciones propias ha sido compartida con las autoridades españolas, «esta práctica ha sido justificada por la Administración por la urgencia que impone el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en lugar de plantearse la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para simplificar y acortar trámites». La gran patronal española recuerda que sólo el 30,80% de los contratos internos publicados en 2022 están vinculados a proyectos de ejecución de fondos europeos.

Son datos que aparecen en el último informe anual de seguimiento publicado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública (Oirescon), en el que se detalla el aluvión de adjudicaciones a empresas públicas que está aconteciendo desde la llegada de los fondos europeos. Como ya publicó este periódico, el ente de Hacienda ubica a Tragsa, perteneciente a la SEPI, como mayor beneficiario de contratos públicos en 2022 al sumar más de 668 millones, el 25% del total de trabajos encargados por Estado, autonomías y ayuntamientos a medios propios, al que sigue su filial Tragsatec con 400 millones, el 15% del total. Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, acumuló en 2022 encargos de las Administraciones por valor de 300 millones de euros, el 11,43%.

La inversión en contratos adjudicados a empresas públicas aumentó en total casi un 350%, hasta alcanzar los 2.631 millones de euros en 2022 y el número de adjudicaciónes creció de 1.888 a 3.346. «Llama la atención que en el 74,66% de los casos no se haya publicado la memoria o estudio económico que justifique la modalidad elegida por el órgano de contratación», subraya Garamendi en la carta a Bruselas. «Se trata de una mala práctica preocupante que distorsiona la libre competencia y la contratación pública en general, máxime si tenemos en cuenta que para ser considerada una empresa interna basta con tener una única participación en una empresa pública, lo que, en muchos casos, representa sólo el 0,01% de su capital».

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Como ha publicado hoy este periódico, algunas de estas adjudicaciones a firmas del Estado están generando malestar entre el sector privado, como es el caso de la encomendación sin concurrencia de empresas privadas, del proyecto de ingeniería para la construcción del puente sobre el Guadalquivir en Sevilla, cuya obra está valorada en 458 millones de euros, que ha levantado un gran revuelo entre varias firmas de ingienería que querían aspirar al contrato.

La patronal concluye con que el problema afecta no sólo a las grandes y medianas empresas, «sino especialmente a las pequeñas, frustrando así los objetivos de la UE de promover su acceso a la contratación pública, lo que en última instancia ralentiza y dificulta la consolidación del mercado interior». En el envío de la carta, la CEOE ha contado con la ayuda de la gran patronal europea BusinessEurope, con la que aseguran que están preparando otras gestiones «para asegurar que este asunto sea prioritario para la nueva Comisión resultante del proceso electoral, «introduciendo el debate en los equipos permanentes y los trabajos preparatorios de las instituciones».