Las autonomías pasan factura

Educación, sanidad y empleo son las principales áreas de gestión de las regiones y acaparan el grueso de la financiación autonómica, pero la tendencia de crear pequeños estados obliga a duplicar instituciones que ya existen en la Administración central. Las cifras lo prueban. Según el interventor y auditor del Estado, Mario Garcés, en los últimos cuatro años se han creado 1,2 entes públicos por semana en cada comunidad autónoma. Si el 1 de enero de 2004 se contaban 1.500 entidades regionales, el 1 de julio de 2009 la cifra ascendía a 2.012.

Del listado de organismos regionales, elaborado por el Ministerio de Economía con fecha de 1 de enero de 2010, se deduce que cada comunidad autónoma cuenta con un servicio de salud, una agencia de la energía, un instituto de la mujer, otro de juventud, un instituto de estadística, una oficina de promoción en el exterior, un comisionado del Defensor del Pueblo y una televisión autonómica. Así, hasta un largo etcétera que incluye, por supuesto, el empleo y la educación (ésta última es la más numerosa por la gestión de las universidades y sus correspondientes fundaciones).

Prácticamente se ha suprimido la presencia «efectiva» de la Administración estatal en los 17 territorios y, desde hace unos años, los gobiernos autonómicos gestionan los recursos físicos y económicos a los que tienen derecho los españoles.

Desde el Instituto de Análisis Económico, Ángel de la Fuente cree que la duplicidad de algunos organismos tendría sentido dentro de un marco de colaboración con la entidad estatal. Podría ser el caso de los institutos de estadística si estas entidades elaborasen censos y estudios demográficos para contribuir a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Otro ejemplo que aporta De la Fuente son las oficinas de promoción exterior. Ya existe una entidad estatal y, sin embargo, hay representaciones de cada una de las comunidades autónomas en más de un centenar de ferias internacionales. En la exposición universal de Shanghai, por ejemplo, están representadas todas las regiones, salvo Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla.

A día de hoy no queda casi ninguna competencia por transferir y no existe ningún control del Estado sobre la gestión de estos servicios. Para Ángel de la Fuente, «si la situación no va a más, es viable. Es un sistema federal, razonable y factible, pero hay que mejorar los mecanismos de colaboración y, además, algunas comunidades son muy pequeñas para gestionar servicios como el sanitario».

La existencia de regímenes especiales de autonomía y financiación para País Vasco y Navarra despertó la inquietud de otras regiones como Cataluña, Galicia y Andalucía para gestionar sus recursos y constituirse como gobiernos capaces de crear una identidad propia y unos organismos que les dotara de independencia con respecto a Madrid. De esta tendencia, que se propagó a casi todos los territorios, surgen decenas de instituciones que duplican sus funciones con respecto a la Administración central. Para Mario Garcés, este sistema no ha demostrado ser eficiente y requiere una inversión pública anual imposible de mantener, más aún en tiempos de crisis.

El principal problema es que no se puede medir la eficiencia de las comunidades autónomas ni distinguir entre los servicios necesarios y otros prescindibles, como las televisiones autonómicas y los tribunales de defensa de la competencia. Francisco Longo, profesor de recursos humanos de Esade, asegura que el modelo del estado de las autonomías obliga hasta cierto punto a multiplicar instituciones ya que, en su opinión, es «una característica inherente» del sistema. Sin embargo, Longo también reconoce que hay cierto «afán por reproducir en todas las comunidades lo que existe en el Estado y eso ha inflado los costes». En palabras de Longo, «se ha generado una burbuja de servicios públicos».

Otro problema añadido es que nuestro país dispone de un régimen jurídico que plantea reglas unitarias en el proceder de los gestores y no se puede aplicar de la misma forma para gestionar la Agencia Tributaria, la educación y la sanidad. Esto daría un explicación a la proliferación de organismos, institutos, agencias, entes y fundaciones regionales en cada área: la búsqueda de una entidad que proporcione unos márgenes de autonomía en la gestión de los servicios que en el régimen común no existen. Por este motivo, una tarea pendiente de las administraciones sería «flexibilizar el marco jurídico de los organismos públicos», según Francisco Longo. «Actualmente se busca que el Estado actual haga tantas cosas en tantos campos que no se puede tener una organización única».

El profesor de Comportamiento Humano en la Organización de IESE, José Ramón Pin, asegura que muchas comunidades autónomas (y también ayuntamientos) han asumido competencias «alegales» que no les correspondía y gastan un presupuesto que debería controlar la Administración General del Estado. En su opinión, la gestión de las cuentas públicas se usa como un elemento electoral. Según Pin, los gobiernos autonómicos ofrecen subvenciones para la creación de organismos públicos que luego hay que mantener.

Esta obligación viene dada por la contratación de personal público que después no se puede despedir si esa entidad no ofrece los resultados esperados. Un dato sirve de ejemplo: en los últimos cinco años, se ha incrementado un 29,46% el número de empleados públicos en el régimen autonómico y cerca del 6% en el ámbito estatal. «Las subvenciones son una droga para el Estado, además de una falta de criterio de austeridad. A medio y largo plazo ahoga los recursos públicos». En este sentido, se estima que el coste de personal público en relación al gasto total situó a España por encima de los principales países europeos en 2008. Mientras que nuestro país registraba un 26,2% en coste de personal, Francia empleaba un 24% de su gasto, Reino Unido un 23,2% y Alemania un 16%. Además, entre comienzos de 2004 y finales de 2009, el número de empleados públicos se incrementó en un 11,8%, desde los 2.743.100 hasta los 3.065.700. Como contrapunto, los asalariados en el sector privado aumentaron sólo un 6,7%.

José Ramón Pin apuesta porque el Tribunal de Cuentas evalúe la eficiencia en las partidas de gastos y analice qué parte de los presupuestos de las comunidades se destinan a áreas donde no tienen competencias. Y es que el Estado tendría que «ponerse serio sobre el techo de déficit público» que el último Consejo de Política Fiscal y Financiera fijó en un 1,3% del PIB.

Desde que se creara el estado de las autonomías, el Ejecutivo ha ampliado cada año la cuantía de las transferencias presupuestarias a las regiones. Pero esta política de reparto no puede mantenerse en tiempos de crisis. Llegado el momento de tener que aplicar algún plan de ajuste, se pueden seguir dos lógicas distintas. Según Francisco Longo, «el Ejecutivo central puede imponer un modelo de recorte único para todas las regiones. Otra posibilidad sería que cada comunidad redacte sus medidas y diseñe los ajustes que crea necesarios». Y es que, a pesar de que el Gobierno impuso un plan de ajuste frente a la crisis el pasado 20 de mayo, «no hay recursos jurídicos para que el Estado imponga medidas de recorte en ámbitos como la sanidad, donde todas las competencias están transferidas».

Esta falta de potestad pone en evidencia el manejo presupuestario de las autonomías. Como apunta Ángel de la Fuente, «tienen autorización para gastar, pero después vienen a pedir a Madrid porque gastan lo que no tienen». En la última revisión, en julio de 2009, el Estado dio a las comunidades un extra de 11.000 millones para cubrir sus deudas que, en el caso de Cataluña, asciende a 24.000 millones, por la falta de responsabilidad fiscal de las regiones. Para más inri, los ingresos autonómicos dependen de los ciclos económicos y, actualmente, no pueden hacer frente a todos los servicios.

En la España de las autonomías, si un gallego, un andaluz o un catalán necesita gestionar algún asunto relacionado con su día a día, seguramente tendrá que averiguar dónde se encuentra el edificio de la Delegación del Gobierno autonómico en la capital de su provincia.

Educación, sanidad y empleo son las principales áreas de gestión de las regiones y acaparan el grueso de la financiación autonómica, pero la tendencia de crear pequeños estados obliga a duplicar instituciones que ya existen en la Administración central. Las cifras lo prueban. Según el interventor y auditor del Estado, Mario Garcés, en los últimos cuatro años se han creado 1,2 entes públicos por semana en cada comunidad autónoma. Si el 1 de enero de 2004 se contaban 1.500 entidades regionales, el 1 de julio de 2009 la cifra ascendía a 2.012.

Del listado de organismos regionales, elaborado por el Ministerio de Economía con fecha de 1 de enero de 2010, se deduce que cada comunidad autónoma cuenta con un servicio de salud, una agencia de la energía, un instituto de la mujer, otro de juventud, un instituto de estadística, una oficina de promoción en el exterior, un comisionado del Defensor del Pueblo y una televisión autonómica. Así, hasta un largo etcétera que incluye, por supuesto, el empleo y la educación (ésta última es la más numerosa por la gestión de las universidades y sus correspondientes fundaciones).

Prácticamente se ha suprimido la presencia «efectiva» de la Administración estatal en los 17 territorios y, desde hace unos años, los gobiernos autonómicos gestionan los recursos físicos y económicos a los que tienen derecho los españoles.

Desde el Instituto de Análisis Económico, Ángel de la Fuente cree que la duplicidad de algunos organismos tendría sentido dentro de un marco de colaboración con la entidad estatal. Podría ser el caso de los institutos de estadística si estas entidades elaborasen censos y estudios demográficos para contribuir a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Otro ejemplo que aporta De la Fuente son las oficinas de promoción exterior. Ya existe una entidad estatal y, sin embargo, hay representaciones de cada una de las comunidades autónomas en más de un centenar de ferias internacionales. En la exposición universal de Shanghai, por ejemplo, están representadas todas las regiones, salvo Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla.

A día de hoy no queda casi ninguna competencia por transferir y no existe ningún control del Estado sobre la gestión de estos servicios. Para Ángel de la Fuente, «si la situación no va a más, es viable. Es un sistema federal, razonable y factible, pero hay que mejorar los mecanismos de colaboración y, además, algunas comunidades son muy pequeñas para gestionar servicios como el sanitario».

La existencia de regímenes especiales de autonomía y financiación para País Vasco y Navarra despertó la inquietud de otras regiones como Cataluña, Galicia y Andalucía para gestionar sus recursos y constituirse como gobiernos capaces de crear una identidad propia y unos organismos que les dotara de independencia con respecto a Madrid. De esta tendencia, que se propagó a casi todos los territorios, surgen decenas de instituciones que duplican sus funciones con respecto a la Administración central. Para Mario Garcés, este sistema no ha demostrado ser eficiente y requiere una inversión pública anual imposible de mantener, más aún en tiempos de crisis.

El principal problema es que no se puede medir la eficiencia de las comunidades autónomas ni distinguir entre los servicios necesarios y otros prescindibles, como las televisiones autonómicas y los tribunales de defensa de la competencia. Francisco Longo, profesor de recursos humanos de Esade, asegura que el modelo del estado de las autonomías obliga hasta cierto punto a multiplicar instituciones ya que, en su opinión, es «una característica inherente» del sistema. Sin embargo, Longo también reconoce que hay cierto «afán por reproducir en todas las comunidades lo que existe en el Estado y eso ha inflado los costes». En palabras de Longo, «se ha generado una burbuja de servicios públicos».

Otro problema añadido es que nuestro país dispone de un régimen jurídico que plantea reglas unitarias en el proceder de los gestores y no se puede aplicar de la misma forma para gestionar la Agencia Tributaria, la educación y la sanidad. Esto daría un explicación a la proliferación de organismos, institutos, agencias, entes y fundaciones regionales en cada área: la búsqueda de una entidad que proporcione unos márgenes de autonomía en la gestión de los servicios que en el régimen común no existen. Por este motivo, una tarea pendiente de las administraciones sería «flexibilizar el marco jurídico de los organismos públicos», según Francisco Longo. «Actualmente se busca que el Estado actual haga tantas cosas en tantos campos que no se puede tener una organización única».

El profesor de Comportamiento Humano en la Organización de IESE, José Ramón Pin, asegura que muchas comunidades autónomas (y también ayuntamientos) han asumido competencias «alegales» que no les correspondía y gastan un presupuesto que debería controlar la Administración General del Estado. En su opinión, la gestión de las cuentas públicas se usa como un elemento electoral. Según Pin, los gobiernos autonómicos ofrecen subvenciones para la creación de organismos públicos que luego hay que mantener.

Esta obligación viene dada por la contratación de personal público que después no se puede despedir si esa entidad no ofrece los resultados esperados. Un dato sirve de ejemplo: en los últimos cinco años, se ha incrementado un 29,46% el número de empleados públicos en el régimen autonómico y cerca del 6% en el ámbito estatal. «Las subvenciones son una droga para el Estado, además de una falta de criterio de austeridad. A medio y largo plazo ahoga los recursos públicos». En este sentido, se estima que el coste de personal público en relación al gasto total situó a España por encima de los principales países europeos en 2008. Mientras que nuestro país registraba un 26,2% en coste de personal, Francia empleaba un 24% de su gasto, Reino Unido un 23,2% y Alemania un 16%. Además, entre comienzos de 2004 y finales de 2009, el número de empleados públicos se incrementó en un 11,8%, desde los 2.743.100 hasta los 3.065.700. Como contrapunto, los asalariados en el sector privado aumentaron sólo un 6,7%.

José Ramón Pin apuesta porque el Tribunal de Cuentas evalúe la eficiencia en las partidas de gastos y analice qué parte de los presupuestos de las comunidades se destinan a áreas donde no tienen competencias. Y es que el Estado tendría que «ponerse serio sobre el techo de déficit público» que el último Consejo de Política Fiscal y Financiera fijó en un 1,3% del PIB.

Desde que se creara el estado de las autonomías, el Ejecutivo ha ampliado cada año la cuantía de las transferencias presupuestarias a las regiones. Pero esta política de reparto no puede mantenerse en tiempos de crisis. Llegado el momento de tener que aplicar algún plan de ajuste, se pueden seguir dos lógicas distintas. Según Francisco Longo, «el Ejecutivo central puede imponer un modelo de recorte único para todas las regiones. Otra posibilidad sería que cada comunidad redacte sus medidas y diseñe los ajustes que crea necesarios». Y es que, a pesar de que el Gobierno impuso un plan de ajuste frente a la crisis el pasado 20 de mayo, «no hay recursos jurídicos para que el Estado imponga medidas de recorte en ámbitos como la sanidad, donde todas las competencias están transferidas».

Esta falta de potestad pone en evidencia el manejo presupuestario de las autonomías. Como apunta Ángel de la Fuente, «tienen autorización para gastar, pero después vienen a pedir a Madrid porque gastan lo que no tienen». En la última revisión, en julio de 2009, el Estado dio a las comunidades un extra de 11.000 millones para cubrir sus deudas que, en el caso de Cataluña, asciende a 24.000 millones, por la falta de responsabilidad fiscal de las regiones. Para más inri, los ingresos autonómicos dependen de los ciclos económicos y, actualmente, no pueden hacer frente a todos los servicios.