Lagarde se enfrenta a 10 años de cárcel por presunto trato de favor

Tapie se consideró víctima de la gestión más o menos fraudulenta del pasivo de un banco público, y emprendió un largo proceso contra el Estado y el Consortium de réalisation (CDR) que dirigía la gestión del gigantesco pasivo del Lyonnais. Tras una década de sobresaltos jurídicos, los tribunales condenador al Estado y al CDR a indemnizar a Tapie, víctima del catastrófico comportamiento de los directivos del Lyonnais. El mes de julio del 2008, cuando Lagarde ya era ministra, la justicia condenó al Estado a pagar unos 285 millones, en concepto de muy diversas indemnizaciones.

La administración fiscal se mostró remisa a pagar. Y Tapie decidió prolongar la querella judicial contra el Estado. Dos años más tarde, las indemnizaciones pendientes y los intereses ascendían a unos 400 millones. La administración fiscal hizo varios informes. La mayoría aconsejaban el pago de las indemnizaciones al empresario. Y Lagarde asumió la decisión que le proponían los técnicos de su ministerio, validando el pago de 400 millones de indemnizaciones no solo fiscales...

El pago de una factura tan considerable suscitó un largo rosario de críticas. Tras cerca de veinte años de procesos jurídicos, penales, administrativos y fiscales, Tapie recibía una indemnización millonaria, cuyo desglose también precipitó un clamor de reservas. La justicia había concedido al empresario 40 millones de indemnizaciones a título de «perjuicio moral».

La oposición socialista saltó sobre el último episodio de un escándalo que había estallado durante la última presidencia de Mitterrand, intentando «cobrarse» la cabeza de una ministra de Sarkozy, Lagarde, acusada de posible complicidad en un arbitraje fiscal millonario, muy favorable para un empresario que también fue ministro de un gobierno socialista. Abogada, y fiscalista, mucho antes de ser directora general del FMI, Lagarde se consideró desde el primer día víctima de una campaña orquestada. Sarkozy y los Estados del FMI decidieron creerla, nombrándola directora general de la institución cuando ya se consideraba inevitable la apertura de una investigación judicial.