Javier Quintana: «Hay que eliminar la fragmentación del mercado nacional»
Ante la desigualdad normativa entre autonomías, algunas empresas prefieren ya invertir en unas regiones antes que en otras. Un ejemplo de deslocalización dentro de las fronteras de España
Gobierno y sindicatos llegaron el pasado jueves a un pacto para la reforma de las pensiones: elevar la edad de jubilación hasta los 67 años y ampliar de 15 a 25 los años trabajados para calcular el importe de las pensiones. «Nosotros tenemos las cosas muy claras», dice Javier Quintana, nuevo director general del Instituto de la Empresa Familiar (IEF). «Hemos consultado a nuestros socios, un centenar de empresas». ¿Y qué quieren? Establecer la edad de retiro entre los 65 y 70 años y ampliar el periodo de cálculo de las pensiones a toda la vida laboral. Lo defienden desde 2006.
—Pero eso suena muy impopular.
—Es que es muy necesario analizar el componente demográfico. La nueva ley va a afectar sobre todo a los jóvenes que ahora están accediendo al mercado laboral. Esta gente va a vivir más allá de los 90 años; si se dejan las cosas como están, podrían estar más de 40 sin trabajar. Eso es malo económica y biológicamente.
—Entonces, ¿se quedaron cortos Ejecutivo y sindicatos en su pacto?
—Nosotros iríamos más allá, pero ha sido mejor sacrificar eso a cambio de un acuerdo que era necesario para lanzar un mensaje de confianza al exterior, que diga que sí podemos consensuar las reformas.
—Falta por ver si se suman el resto de fuerzas políticas.
—Ojalá sea así. Es posible y muy deseable. Sería muy positivo que hubiese un acuerdo entre PSOE y PP.
—En todo caso, ¿qué les parece a los empresarios?
—Pues que su contenido, y a la espera de que sea aprobado como ley, está bien orientado. Sin embargo, aún no se ha hablado de una cosa fundamental: el desempleo juvenil, cuya tasa es muy elevada. No nos podemos permitir tener una generación perdida, porque puede echar por tierra la propia reforma de las pensiones.
—¿Siguen defendiendo que hay que abaratar el despido? En mayo del pasado año, la CEOE no cedió en esa postura por lo que la reforma laboral terminó en un «decretazo».
—A ver, para nosotros el abaratamiento del despido no es la clave de la reforma laboral, sino el coste que suponen para la empresa las personas que están trabajando, y ese coste depende en gran medida de la negociación colectiva. La CEOE tiene que ser firme en esa postura: que la negociación colectiva tiene que regirse por la productividad de los trabajadores, que es la clave, y eliminar la ultraactividad. Es fundamental para la competitividad de todos. Y de todo esto va a depender si al final se hace o no una verdadera reforma laboral
—¿Cederán los sindicatos?
—Los sindicatos tienen que tener en cuenta que este marco laboral que pedimos no es diferente al alemán, que es el referente. Los sindicatos alemanes aceptaron ese marco y nadie puede decir que Alemania no tiene un sistema de bienestar social a la altura del siglo XXI. Y tienen que entender que ya no compiten con el empresario sino con los empresarios y sindicatos de otros países. El reciente contrato de Nissan en Barcelona para fabricar un nuevo coche que garantiza la producción y el trabajo en esa fábrica durante diez años fue posible porque empresa y sindicatos se pusieron de acuerdo para hacer una propuesta verdaderamente competitiva frente a las propuestas de factorías de Nissan del resto del mundo.
—¿Por qué un Pacto de Estado?
—No sólo por lo que representa para nuestra competitividad sino porque hay que trasladar a los inversores que somos capaces de llegar a acuerdos. Eso da confianza.
—¿Y qué más cabe en él?
—Primero, la educación y formación profesional, reforma que es inaplazable. En formación profesional tenemos que evolucionar hacia modelos como el alemán o el finlandés, al de países donde se le da mucha importancia a la formación práctica en las empresas. Y el otro tema inaplazable es el de la energía. Que no se renuncie ni a las renovables ni a la nuclear ni a ningún tipo de energía. Que se valore cual es el «mix» más competitivo y el que necesita nuestra economía.
—¿Les han transmitido sus socios la necesidad de una reordenación de las competencias autonómicas?
—Más que de reordenación de competencias, de fijar mecanismos de coordinación territorial. Tenemos un Senado y la Constitución prevé que esta es su función. Pero sus competencias no se han desarrollado. Sería muy bueno llegar a un consenso sobre el papel fundamental que debería tener el Senado en la coordinación de las competencias autonómicas. Nadie quiere ahora mismo un Estado centralizado, pero los empresarios piden que se eliminen los problemas que está generando la actual fragmentación de la unidad del mercado.
—¿Cuáles?
—Pues, por ejemplo, que las empresas deciden invertir en unas comunidades antes que en otras. Eso es algo muy grave porque está provocando una deslocalización dentro de nuestro territorio. Todo por culpa de una mala coordinación de los marcos legales autonómicos.
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