La tuerca de Europa pasada de vueltas

Grecia, Irlanda... y ahora Portugal. Con el frustrado cuarto plan de austeridad luso y el dimitido José Sócrates ha llegado la tercera crisis en la eurozona en tres meses. La desconfianza se extiende de nuevo como la pólvora y la posibilidad de que un nuevo país europeo no pueda afrontar sus deudas ha vuelto a poner a los mercados financieros en alerta. A grandes males no terminan de ponerse grandes remedios y la crisis de deuda soberana sigue latente mientras la estructura de la moneda única convulsiona de nuevo.

¿Y España? Respira detrás del cortafuegos luso, el que mantiene Bruselas, por el hecho de que España ni es Grecia, ni Irlanda, ni tampoco Portugal. Durante la época de las vacas gordas, España se convirtió en uno de los destinos favoritos de los bancos europeos . Las elevadas tasas de crecimiento antes de la crisis, la necesidad de financiar la ingente construcción de viviendas y el crédito barato provocaron una intensa afluencia de flujos financieros hacia nuestro país. Sólo la banca germana tiene préstamos cercanos a los 140.000 millones en España y la europea suma casi 500.000 de deuda española, pública y privada.

¿Y los efectos de la crisis lusa en España? Portugal no es Grecia ni Irlanda. Pese a haber más intereses en el país vecino que en los dos rescatados —la banca española tiene expuestos unos 76.500 millones en créditos en el país vecino—, la crisis política lusa apenas ha incrementado la presión de los mercados sobre España. El pasado viernes, con la economía lusa en la cuerda floja, la Bolsa y la deuda española esquivaron el riesgo de contagio de Portugal, como también hicieron oídos sordos a la decisión de Moody´s de rebajar la calificación crediticia a 30 bancos y cajas de ahorros españolas, lo que no quiere decir que expertos, políticos, y economistas las tengan todas consigo y descarten a día de hoy un nuevo ataque especulativo sobre nuestra economía aunque teniendo en cuenta que la trayectoria de las economías española y portuguesa son bien distintas como también parece que lo serán sus destinos... salvo que el Gobierno de Zapatero se empeñe en no dar pasos firmes en las reformas cuando les son reclamadas.

Hay unanimidad en que el calado del contagio dependerá de la firmeza política del Ejecutivo, de la adopción de medidas de disciplina fiscal y de nuevas reformas profundas. A España se le reclama un paso al frente y resolver dos grandes dudas que los inversores mantienen sobre nuestra economía: el sector financiero y la reforma laboral, la negociación colectiva para más datos. Tener pulso firme ante las reformas es lo que puede marcar distancia en los mercados. Esta vez no va a valer sólo con decir que no somos Grecia, Irlanda o Portugal, hay que terminar las reformas que se han empezado porque los mercados no entienden de declaraciones políticas, sino de ejecución de medidas.

¿Y el Pacto del Euro? Tenía el objetivo de acabar con la crisis de deuda, pretendía imponer a todos la draconiana austeridad que lleva aplicando con éxito Alemania desde hace ya diez años, y perseguía un compromiso sobre moderación de los salarios. Pero nada de nada, sólo un paso al frente, un acuerdo para crear un fondo permanente para rescatar a países de la bancarrota y una reforma limitada del Tratado para incluir este fondo. Antes de junio los líderes europeos aprobarán un fondo de rescate temporal, en vigor hasta 2013, de manera que pueda prestar hasta los 440.000 millones que fueron comprometidos durante su creación. De exigencias a España, nada de nada.

Pero... ¿por qué España debe dar otra vuelta de tuerca a la economía? Porque se sigue jugando su credibilidad, asegura Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada. Tras afirmar que España parte con la desventaja de un paro elevado y de rigideces en el mercado laboral, afirma que la reforma laboral tocó aspectos claves de la contratación y los subsidios, pero que se quedó corta, «con demasiadas excepciones y trabaja».

Carbó defiende una reforma de la negociación colectiva por su carácter demasiado centralizado y por sus rigideces, y aboga porque la fijación de los salarios se acerque lo más posible a la realidad de la empresa. Para este catedrático «ligar salarios a la inflación de forma casi exclusiva es un error que repercute de forma negativa sobre la competitividad y los incentivos. Por ello —apunta— es necesario que los salarios estén relacionados con la productividad».

Juan Pérez-Carballo, director del Máster de Dirección Financiera de ESIC, piensa que lo más importante para España es crear empleo y mejorar la productividad y explica que las claves están en formación, investigación y desarrollo , en gestionar mejor la tecnología disponible y en mayor exigencia de responsabilidad a trabajadores y dirigentes. «Muchos responsables de la actual crisis, que han arruinado y por muchos años la productividad, siguen en sus puestos —dice— sin responder por su actuación ante las instancias de todo orden que proceda». Y para el caso de España cree «factible y deseable» ligar los salarios a la productividad».

Jordi Fabregat, profesor de Finanzas de Esade, cree que España ya ha iniciado las reformas necesarias , la del sistema financiero, pensiones y reforma laboral. «Las necesidades de capital de la banca española han acabado siendo inferiores a las previsiones, y por fín el Gobierno transmite a los inversores la firme determinación de reducir el déficit público hasta niveles soportables, al 6% este 2011». Pero apunta que «si no se consiguiera, habría que tomar nuevas medias impopulares como otro aumento de impuestos».

Explica que el principal problema de España es el paro, «vergonzosamente superior al 20%» y reclama un esfuerzo para fijar las condiciones laborales que permitan el crecimiento de la economía, la única manera de reducir el paro. «La negociación colectiva es una rémora para conseguir este objetivo. Las decisiones deben ajustarse más a las posibilidades de cada empresa». Sobre los salarios y la idea de ligarlos a la productividad dice que deberá implementarse de forma muy gradual porque de lo contrario podría afectar gravemente el consumo nacional.

Santiago Fernández de Lis, socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI), piensa que el mercado laboral es el talón de Aquiles de la economía española. Y se pregunta: ¿Por qué tenemos la tasa de paro más alta de Europa? ¿Por qué nuestro mercado de trabajo se ajusta en cantidades (paro) y no en precios (salarios)? Si unas empresas van bien y otras empresas van mal ¿tiene sentido que el crecimiento salarial sea el mismo en todas ellas? Cree Fernández de Lis que la negociación colectiva está excesivamente centralizada y tiende a imponer crecimientos salariales demasiado homogéneos, que no se adecuan a la diferente situación de los sectores, de las empresas y trabajadores dentro de cada empresa. Por no hablar, dice, de los elementos que subsisten de dualismo entre trabajadores fijos y temporales, «profundamente injustos». «Con la rigidez del mercado laboral español, la única vía que tienen las empresas para recuperar competitividad es expulsar trabajadores y para evitarlo hay que proporcionar a las empresas mecanismos de ajuste menos traumáticos».

Francisco Aranda, presidente de la Comisión Laboral de CEIM, afirma que el Pacto del Euro es una versión debilitada del Pacto por la Competitividad que presentó Merkel en el Consejo Europeo del 4 de febrero y piensa que «es un acuerdo que afecta a todos los ciudadanos porque tiene un marcado carácter social ya que no busca simplemente el crecimiento económico, sino la generación de empleos y el sostenimiento de nuestro sistema de bienestar». Para Aranda «es un pacto social realista porque sabe que sin empresas, no hay modelo social posible». Por eso, señala, de los cuatro grandes objetivos que tiene, tres son de carácter sociolaboral: impulso de la competitividad ligando salarios a productividad; impulso del empleo poniendo en marcha reformas en el mercado de trabajo; incremento de la sostenibilidad de las finanzas públicas para garantizar pensiones, atención sanitaria y prestaciones sociales; y, por último, refuerzo de la sostenibilidad financiera, lo cual favorecerá que fluya el crédito. Afirma Aranda que los objetivos del Pacto coinciden con los que piden las empresas en España para generar empleo y riqueza y reclama que «Zapatero se sume al Pacto en Bruselas porque será un compromiso político ante muchos testigos que harán un seguimiento de su ejecución.