Los juzgados, última parada de la guerra del taxi

Fedetaxi condena una vez más la actuación de la CNMC en el conflicto que mantiene con Uber y Cabify. El gremio ha acusado a Marín Quemada en numerosas ocasiones de estar «al servicio de las grandes multinacionales» y entiende que su denuncia del decreto que modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) para delimitar el número de licencias VTC (vehículos con conductor) en circulación solo servirá para empobrecer a miles de familias.

El decreto en cuestión sirvió para acotar la proporción entre licencias de vehículos con conductor y taxis a una por cada treinta. Esta relación no se ha cumplido en la práctica, lo que a su vez ha desencadenado las anteriores movilizaciones de las asociaciones de taxistas, que aseguran que en la actualidad la proporción es de 1:7 en ciudades como Madrid.

Y en medio de este debate emerge el Tribunal Supremo. Su decisión podría ser determinante para el sector si entra de lleno en el asunto y asegura que el 1:30 es obligatorio o, por el contrario, decide suprmirilo. Como fuere, la decisión del Alto Tribunal, que todavía tiene incluso que admitir a trámite la denuncia, no será inminente: fuentes del sector aseguran que, como pronto, llegará a finales de año.

Mientras, el goteo de nuevas licencias VTC continúa. Si bien ya no se otorgan nuevas, un vacío legal ha provocado que los tribunales estén concediendo ahora autorizaciones que fueron solicitadas hace años. Las estadísticas del Ministerio de Fomento señalan que a principios de octubre había cerca de 6.000 en circulación. Fuentes del sector añaden que, de aquí a un año, la cifra puede alcanzar aproximadamente la 10.000 concesiones.

Esta progresiva llegada de VTC al mercado no está contentando a ninguna parte. Por un lado, Uber cree que el número de licencias es insuficiente. La compañía estadounidense ha reiterado en varias ocasiones que, con la situación actual, no pueden extender su actividad en España más allá de Madrid. Por ello reclaman una liberalización total del mercado.

Los taxistas son de la opinión contraria y creen que el aumento de vehículos VTC en las calles distorsiona cada vez más el 1:30 y, por tanto, la ley. Como resultado, en los últimos meses se han producido varios episodios de violencia. Especialmente en fechas señaladas. En mayo, nueve vehículos de Cabify fueron quemados durante la Feria de Sevilla. Meses después, en otra Feria, la de Málaga, los taxistas llevaron a cabo una huelga total porque Cabify había reforzado su servicio con vehículos procedentes de otras ciudades. La tensión llegó a tal punto que Eduardo Martín, presidente de Unauto, la patronal de las plataformas VTC, fue agredido cuando se desplazó a la ciudad.

«Estamos colaborando con la Policía para identificar a los autores de las agresiones. Por el momento hay 33 imputados por los episodios de Sevilla, algunos pertenecientes a asociaciones del taxi, y 15 por los de Málaga», sostiene el propio Martín. Según sus palabras, en Madrid hay más de 300 denuncias presentadas por agresiones del taxi: «La violencia aún no ha terminado».