El sudoku del ministro Planas: cómo poner fin a las protestas del campo

Si no hay un acuerdo de última hora, las movilizaciones pueden coincidir con el paro de los transportistas convocado entre el 20 y 22 de diciembre. A lo anterior no ayuda la relación del Ejecutivo con el campo, rodeada desde el inicio de polémicas. Entre las más mediáticas, las declaraciones sobre el consumo de carne del ministro Alberto Garzón y el alza del IVA a las bebidas edulcoradas del 10 al 21%, que unió al sector azucarero y a la Junta de Castilla y León contra el Gobierno.

La amenaza a la supervivencia de las explotaciones agrarias y ganaderas es un hecho. Según estiman Asaja, COAG y UPA, solo en el último año el gasoleo agrario se ha encarecido un 73% y la electricidad un 270% y según admite el presidente de Asaja Pedro Barato a ABC no es fácil trasladar estos sobrecostes al precio final. Lo que arroja sombras sobre el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, cuya última modificación recibirá el ‘sí’ definitivo del Congreso este jueves.

La norma no permite la comercialización de productos agroalimentarios por debajo de los costes de producción, con la futura excepción del plátano de Canarias, también contempla la prohibición de prácticas como la venta a pérdidas. En este contexto, Asaja, COAG y UPA esperan a este lunes para cerrar el calendario de las protestas. Por su parte, el ministro de Agricultura Luis Planas, declaró el pasado jueves en el Foro Datagri que «no excluye ninguna opción» de cara al encuentro de hoy sin descartar la posibilidad de ayudas u otras iniciativas específicas. Desde el sector proponen medidas fiscales como la rebaja del IVA para los ganaderos, cambios en la política de seguros agrarios y una tarifa específica para la energía consumida durante los procesos de producción en las explotaciones. Pero en lo que Asaja, COAG y UPA coinciden plenamente es el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Por su parte, desde la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB ) apuntan a la necesidad de «una Ley que abogue por unas relaciones comerciales equilibradas y justas» y propone cambios en el Coste Efectivo del Productor, para que sea el agricultor quien lo justifique.

Tampoco ayuda el escepticismo de organizaciones agrarias como Asaja, que critican la escasez de avances desde las históricas protestas de hace año y medio. Un informe de Asaja al que ha accedido ABC, recuerda que el 25 de febrero de 2020 tras una reunión con el Ministerio de Agricultura se abrieron varias mesas de trabajo cuyos frutos han sido modestos: ‘ Transposición de la Directiva Europea de la Ley de la Cadena Alimentaria’, la ‘Mesa de los Seguros Agrarios’, la ‘Mesa de Fiscalidad, Energía y Empleo’ y otra de ‘Acuerdos Comerciales’ .

Sobre la ‘Mesa de Transposición de la Directiva Europea de la Ley de la Cadena Alimentaria’ se destaca en este documento, que esta se ha reunido «como mucho dos veces, pasando luego a grupos de trabajo, que se han visto con el director de Industrias Agroalimentarias José Miguel Herrero en dos ocasiones, así como con el Observatorio de precios en otra ». Desde esta organización, reconocen que esta mesa ha tenido «un poco de movimiento» para informar sobre la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, «aunque el resultado es nefasto pues los precios de algunos sectores siguen como antes de las movilizaciones del 2020 o incluso peor».

Sobre la ‘Seguros Agrarios’, el documento señala que se ha reunido solo dos veces, mientras que la ‘Mesa de Fiscalidad, Energía y Empleo’ «nunca se ha reunido» aunque el subsecretario sí convocó a las organizaciones agrarias para comunicar los cambios en los peajes de la electricidad. De la de ‘Acuerdos Comerciales’, Asaja afirma que se convocó solo dos veces con participación de Agricultura e Industria y terminó como el foro para seguir la crisis de arancelaria con Estados Unidos.